Carla Andrea Quiroz, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima y actual asistente legal en Labora & Asociados, participó como coautora del artículo académico “El acceso al empleo de las personas con discapacidad con motivo del estado de pandemia”, recientemente publicado por Laborem, revista de investigación académica de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (SPDTSS), la cual es difundida desde 1994. En el texto también participaron Karla Cánova Talledo, docente y graduada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, y Andrea Noronha, estudiante de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
El volumen 20, número 27 de Laborem tiene como marco temático “El principio de igualdad y no discriminación en el derecho laboral”, y en él se analizan aspectos como la igualdad salarial, el estigma y la discriminación por salud mental en el ámbito laboral, contratación de adultos mayores, sindicalización, entre otros. La publicación está dirigida a abogados, docentes, estudiantes interesados en el estudio de las relaciones laborales y orientados a la investigación jurídico-laboral. La presentación de la revista se llevó a cabo el 16 de abril.
El artículo “El acceso al empleo de las personas con discapacidad con motivo del estado de pandemia” indaga acerca de las disposiciones legales emitidas durante el periodo de emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19, y examina las políticas y acciones llevadas a cabo para cautelar los derechos de esta población vulnerable, tanto en el acceso al empleo como en las condiciones en las que este grupo de personas se desenvuelve.
El texto pone en evidencia la presencia de un mayor índice de exclusión y de discriminación en la población de personas en situación de discapacidad en materia de oportunidades de formación y educación, en acceso a oportunidades laborales. Subraya que muchas de las escasas posibilidades de empleo son de carácter precario. Asimismo, las autoras aseveran que, si bien se cuenta con un marco regulatorio idóneo, se requiere el fortalecimiento de las políticas públicas que aborden de forma efectiva dicha situación. Y enfatizan la necesidad de un trabajo conjunto entre el Estado y los empleadores, mediante la capacitación en inclusión, con la finalidad de superar estigmas y proponer trabajos seguros, saludables y dignos.
