Universidad de Lima

José Perla Anaya, docente e investigador de la Universidad de Lima, presentará este 20 de abril a las 19.00 horas en el Aula Magna B su libro Ética de la comunicación cinematográfica, publicación del Fondo Editorial que es producto de una investigación realizada para el Instituto de Investigación Científica (IDIC) de la Ulima. En esta entrevista, el autor profundiza sobre esta publicación que se centra en revisar la situación actual de la regulación y de la autorregulación de la cinematografía peruana. 

¿Qué lo motivó a empezar la investigación que dio origen a este libro?
La principal motivación para realizar esta investigación sobre la ética cinematográfica fue observar que hay un incumplimiento de la normativa que rige formalmente al respecto, porque en el año 1994 se dejó de aplicar la regulación sobre clasificación oficial de las películas por el Estado, y se desactivó la Junta de Clasificación de Películas. Entonces, como es un fenómeno raro que una norma deje de aplicarse por iniciativa de la misma autoridad que debe aplicarla, dije: creo que ha llegado el momento de echarle una mirada al asunto.

La publicación plantea un recorrido histórico por la ética cinematográfica, ¿por qué decidió este tratamiento?
El hecho de revisar este fenómeno sociojurídico de que el mismo Estado deja de aplicar una norma legal y disuelve el órgano que debería aplicarla me lleva a revisar toda la historia de los órganos anteriores dedicados a esta materia de censura y clasificación de películas, así que me voy ya a un estudio general de la materia. ¿Por qué se regulan las funciones de cine y no se regulan las notas periodísticas ni los anuncios publicitarios? ¿Por qué se creó esta tradición a nivel mundial y nacional de poder prohibir películas y de clasificar al público que puede ir a verlas? Es distinto a todos los demás medios de comunicación. Aquello me llevó a revisar toda esta historia.

¿A qué metodología recurrió para lograrlo?
La metodología parte fundamentalmente de una exégesis legal, básicamente. Es decir, cuál es la regulación que se ha ido promulgando y se ha ido cambiando. Aunque el libro se llama Ética de la comunicación cinematográfica, en realidad en gran parte es legislación cinematográfica. Pero yo la vinculo con el tema que está detrás de toda ley, que es si está bien o está mal; es decir, ya el juicio moral acerca de una normativa legal.

¿Destacaría algún momento en particular abordado en las páginas del volumen?
Un momento principal es el del nacimiento de la censura cinematográfica a nivel central. Empieza en 1926, aunque el cine había llegado en 1897. En realidad no se le prestó mayor atención en relación a la defensa de la moralidad, pero ya en 1926 se ve que el cine había llegado para quedarse. Por tanto, también los moralistas y los legisladores, que a veces coinciden, le prestan más atención y organizan un sistema centralizado para clasificar todas las películas, así como para prohibir lo que resultaba inconveniente para ellos, y para supervisar el espectáculo cinematográfico. Ese es un punto central, el nacimiento.

¿Podría mencionar algunos otros hitos importantes?
Otro punto central es cuando, llegada la década de los ochenta, por la Constitución de 1979 se suprime el artículo que daba facultad al Estado de prohibir espectáculos públicos. Entonces empieza el régimen de desregulación: ya el Estado no puede prohibir, solo puede clasificar.

Después viene uno más que consiste en el debilitamiento de las funciones de la Junta de Clasificación; es decir, ya no se le da el rol tan preponderante que ostentaba en los años pasados. Hay una serie de reglas, por ejemplo que los padres son los que pueden decidir si los menores hijos entran con ellos al cine. El Estado empieza a delegar algunas de estas tareas y los funcionarios comprenden que este debería ser un tema más familiar que del Estado. Algo que lleva al último momento, el de la desactivación de la junta de facto en el año 1994, según lo que he estudiado, y de inaplicación de las reglas oficiales sobre esto.

¿Cuál es la relevancia de este último momento que ha mencionado?
Este último momento es el único que no muestra una base legal, todos los demás se hicieron mediante disposiciones establecidas por las autoridades competentes. En cambio en el año 1994 el hecho se produce fuera de toda norma legal. ¿Por qué el Ministerio de Educación decidió “disolver” —recordemos que estábamos en el gobierno de Fujimori— la Junta de Clasificación de Películas? Es algo ilegal. ¿Por qué decidió no aplicar más la normativa? Entonces este es un acto oculto, clandestino, ilegal, que llama la atención. Además, llama la atención el hecho de que ha sido continuado por todos los gobiernos siguientes, porque uno de ellos pudo decir “bueno, acá hay una anomalía, hay que derogar la normativa” y formalmente declarar extinguida la junta, o pudo decir “hay que poner nuevamente operativo el sistema”. Pero no hay dicho nada, entonces quizá ha llegado el momento de ordenar este material.

Para usted, ¿cuál habría sido la mejor manera de proceder en este caso?
Como abogado y como investigador, y como ciudadano que cree que lo mejor es que las cosas se hagan legalmente, me hubiera gustado que se hubiera derogado oficialmente este sistema que nació en el año 1926, y dictar alguna pauta sobre adónde puede dirigirse el espectador que está molesto en una función. Claro, ahora puede ir al Indecopi, pero me refiero a los aspectos más materiales. Porque el Indecopi se metería en un grave problema, por lo que he preguntado, si mañana le dijeran “bueno, estoy descontento con una clasificación, porque fui con mi niña y me parece que está mal puesta”. Entonces el Indecopi, que ve cuestiones de consumo material, va a decir “no sé cómo resolver este asunto”. Así que hay un cierto vacío que podría llenarse con una norma derogatoria clara y dos artículos que aclararan qué pasa en determinadas situaciones.

¿La publicación ensaya esta recomendación?
Sí, el libro va por ahí, no pide ni recomienda ni postula la restitución del sistema. Incluso yo, en otro libro del año 1991, también publicado por la Universidad de Lima, titulado Censura y promoción en el cine, ya anuncié que debería ser materia de estudio el continuar con la junta. Lo han hecho, la han acabado en el año 1994, pero no de la forma que yo esperaba; es decir, con una derogatoria formal, con una reverencia y respeto por la legalidad. Porque nosotros tenemos en el Perú permanentemente la tentación del fracaso democrático. Si queremos hacer algo no creemos que lo debamos hacer por la legalidad y respetando la democracia, sino por un golpe, por una medida violatoria de la legislación, y eso es lo que expresa de fondo este libro y el tema que he estudiado: en el Perú tenemos esa tentación del fracaso democrático.

¿A qué público va dirigida esta publicación?
Creo que este libro debe interesar a los científicos sociales, para que reflexionen sobre cómo se vinculan los fenómenos jurídicos con los fenómenos sociales y culturales. La gente ya no tiene interés en censura cinematográfica y clasificación de películas, y sí la tuvo fuertemente a lo largo de 50 años en el Perú. Hubo mucha gente que luchó por ello. ¿Qué hace que este cambio de costumbres se refleje en la normativa legal? Yo creo que hay un tema interesante para los científicos sociales. Obviamente también a los comunicadores, y en especial a quienes están vinculados con el cine, les interesa esta historia de la censura cinematográfica y clasificación de películas, porque los ha acompañado toda su vida. Y, finalmente, creo yo que al público en general le interesa lo que acabo de señalar: ¿en qué país queremos vivir? ¿Un país donde cualquiera puede violar las normales legales aunque el propósito parezca como bueno?, ¿o debe hacerlo respetando los cauces legales y, por tanto, convocando a todos los interesados para discutir si esta norma legal debe dejarse sin efecto o no?