De pequeño, Francisco Osores Sánchez, graduado de nuestra Facultad de Derecho y director de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), veía cómo su papá —también abogado— defendía las tierras de su abuelo de los procesos de expropiación emprendidos por distintos gobiernos. Esta experiencia fue determinante para que se decidiera a incursionar en el mundo de las leyes, así como en el negocio inmobiliario a través de su empresa La Venturosa, que cumple quince años.
La influencia familiar definitivamente pesó para que eligieras estudiar Derecho.
Mi abuelo era abogado de carrera, aunque fue agricultor durante toda su vida. Luego mi padre también se volvió abogado y se abocó a defender las tierras de mi abuelo de los procesos de expropiación de varios gobiernos. Como si fuera un tema del destino, la vida te lleva a donde te tiene que llevar. Por tanto, para mí fue natural optar por el Derecho. Después empecé a practicar en una empresa inmobiliaria. Justo cuando estaba acabando la carrera en 1997, recuperamos unos predios que quedaban en una zona de expansión urbana, y nos propusieron incursionar en unos proyectos que no resultaron. Sin embargo, como se suele decir, salimos golpeados pero no cortados. Entonces, junto a mi papá y a otros dos socios, fundamos nuestra empresa constructora, La Venturosa.
¿Qué es lo que más destacas de tu paso por la Universidad de Lima?
La Facultad me dio un enfoque empresarial del Derecho que no tenía. Recuerdo el curso de Derecho Civil, que me cambió el “chip”. En él, se hablaba mucho de contratos, negocios y la economía aplicada al Derecho. El tema me gustó. Algo similar me ocurriría en Derecho Concursal.
La Venturosa cumple quince años. ¿Cómo ha sido su evolución?
Cuando comenzamos en 1997, justo aconteció una nueva crisis económica mundial. Fueron unos primeros 4 años duros, pero afortunadamente salimos adelante. A la actualidad, hemos impulsado la construcción de más de 2.500 departamentos y urbanizado más de medio millón de metros cuadrados. Asimismo, hemos logrado expandir nuestros servicios. Ya no solo efectuamos habilitaciones urbanas para primeras viviendas, sino también para casas de playa y viviendas de campo.
También eres director de Capeco. ¿Qué logros resaltarías de esta institución?
Nos esmeramos en armar una agenda que permita una estandarización de la calidad de los productos y servicios del sector construcción. Así, establecemos lineamientos que, a su vez, pueden ser utilizados como políticas generales de desarrollo para los próximos veinte años, con el objetivo de que hacia el 2030 no nos ocurra lo que nos pasó de 1970 al 2000, un período en el que las actividades inmobiliarias masivas estuvieron estancadas. Por otro lado, fomentamos buenas prácticas y desarrollo tecnológico dentro y fuera de la Cámara, así como impulsamos capacitaciones, seminarios e investigaciones, además de emitir certificaciones de calidad. Asimismo, contamos con nuestro Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado de la Construcción - Capeco. En suma, procuramos apoyar al gobierno, a los asociados y a la comunidad.
¿Cuál es tu diagnóstico del actual mercado inmobiliario?
Hoy el gobierno debe plantearse, como mínimo, la construcción de 120.000 viviendas al año, teniendo en cuenta que el déficit acumulado es de aproximadamente 1.800.000 viviendas. En este rubro, la oferta es inferior a la demanda. Uno de los cuellos de botella no es la falta de suelo —Lima no es una ciudad como Hong Kong o Manhattan—, sino la escasez de suelo legalmente habilitado para proyectos inmobiliarios. Además, cada municipio tiene requerimientos distintos. Lo que solicitan en San Borja para construir es distinto a lo que requieren en Surco. No hay una coordinación entre los municipios, los desarrolladores de proyectos y diversas entidades públicas y privadas. Aparte del tema legal, faltan consensos respecto a una planificación de la ciudad. Por ejemplo, en determinadas zonas no se sabe cuánto tiempo tomará Sedapal para concluir las obras de agua potable. El día en que superemos estos baches, el panorama será muy distinto.