Los avances y hallazgos de la investigación “Una aproximación crítica al Sistema Nacional de Control (SNC)” fueron expuestos en una mesa redonda llevada a cabo en el Aula Q-703 y organizada por el Instituto de Investigación Científica (IDIC) de la Universidad de Lima. En la actividad intervinieron Dante Mendoza, autor de este trabajo, investigador del IDIC, abogado y docente Ulima; Melissa Valle, representante de la Oficina de Promoción de la Ética y Anticorrupción de la Defensoría del Pueblo; y Luís García, abogado y experto en ética y anticorrupción.
Cabe recordar que el SNC es el conjunto de órganos de control, normas, métodos y procedimientos destinados a conducir y desarrollar el ejercicio del control gubernamental en forma descentralizada. El SNC está integrado por la Contraloría General de la República (CGR), las sociedades de auditoría designadas por la CGR para efectuar auditorías financieras anuales y los órganos de control institucional (OCI).
Basado en su investigación, Mendoza sugirió que dos factores que inciden en el deficiente funcionamiento del SNC son el perfil de los auditores y las características de las auditorías a los procesos de gestión de la administración pública.
Sobre el primer aspecto, Mendoza sostuvo que más de un 60% de los auditores de los OCI son contadores y que eso supone un problema, ya que ellos no son especialistas en la gestión de la administración pública. Al respecto, afirmó:
“La auditoría contable está bien para un tribunal de cuentas. Sin embargo, necesitamos más especialistas de la gestión pública en las auditorías capaces de detectar irregularidades sin basarse únicamente en los detalles contables. Por ejemplo, estas comisiones podrían ser lideradas por un ex secretario general, ex viceministro o ex director general”.
Sobre el segundo factor, el experto indicó que es necesario realizar cambios en las auditorías a los procesos de gestión de la administración pública. El investigador especificó:
“Los procesos de gestión no tienen mayor regulación que la que las propias instituciones emprenden para desarrollar sus tareas y actividades. Es decir, los procesos de gestión no están sujetos a reglas que garanticen la defensa de los derechos de nadie. Por ello, una persona que es investigada por un OCI o la contraloría podría estar en un esquema de indefensión y sentir todo el ataque de la maquinaria del Estado, que es ignorante de lo que se está investigando debido a que el auditor no es un experto de la materia de investigación”.
Intercambio de opiniones
Luego de la exposición, Luis García y Melissa Valle intercambiaron pareceres y experiencias con Dante Mendoza sobre esta aproximación crítica al SNC. García manifestó que es vital revisar los vínculos entre las instancias e instituciones del SNC y delimitar claramente sus competencias y responsabilidades, y añadió que, por ejemplo, la procuraduría anticorrupción debería tener más presencia y fuerza. Él acotó: “Incluso pienso que la procuraduría anticorrupción debe ser un órgano autónomo”.
Por su parte, Valle comentó que un informe de control en un caso penal debe solo presentar los hechos y no incluir la tipificación de los delitos, más si se toma en cuenta que los auditores no se formaron en leyes y que la tipificación de los delitos es una tarea que corresponde a otras autoridades.
