El Desayuno Empresarial del 17 de marzo, titulado “Asociación ilícita para delinquir y extradición. El caso de la FIFA”, abordó las implicancias legales de la situación de Manuel Burga, expresidente de la Federación Peruana de Fútbol, a quien la justicia norteamericana ha acusado de los delitos de conspiración de crimen organizado, lavado de activos y fraude electrónico, y cuyo pedido de extradición fue rechazado inicialmente por la Corte Suprema de Justicia del Perú. La charla, realizada en el Edificio Q, estuvo a cargo de Carlos Caro, profesor de la Maestría en Derecho Empresarial de la Universidad de Lima.
Para entender mejor el caso, Caro lo insertó en un contexto mayor: el de la lucha transnacional contra el delito en el que se ha embarcado la fiscalía norteamericana, que incluye casos de alto perfil como los de Siemens, Volkswagen y el de la FIFA. Una causa que, explicó, no tiene que ver tanto con la protección de derechos humanos o una motivación por el estilo, sino con el enfoque en la protección de la competencia empresarial que tiene el sistema de justicia estadounidense. Hay una preocupación por el mercado, no por la moral, insistió.
Mencionó, además, los supuestos que determinan las competencias del Departamento de Justicia de Estados Unidos para intervenir en un caso de escala internacional: que alguna de las empresas involucradas cotice en su bolsa de valores, que las transacciones financieras turbias sean efectuadas a través de bancos estadounidenses o que las comunicaciones que sirvieron para cometer el delito (correos electrónicos, llamadas, mensajes) pasen por servidores ubicados en Estados Unidos.
En el caso de Manuel Burga, opinó que para que la acusación avance tiene que ser seria, y se preguntó si la imputación que se le ha hecho ha sido sustentada correctamente, dado que no es común que una corte sudamericana vaya en contra de un pedido de la justicia estadounidense. Entre las explicaciones que ensayó, está que es usual que los fiscales estadounidenses guarden las pruebas más contundentes para el juicio. Sumado a esto, además, podría haber pesado el hecho de que el fraude electrónico no tiene una equivalencia en las leyes locales.
Carlos Caro es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), donde realizó estudios de Maestría en Derecho Constitucional. Es doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, España, donde realizó estudios de posgrado en Derecho Constitucional y fue galardonado con el Premio Extraordinario de Tesis Doctorales. También tiene estudios de posgrado en Derecho Penal Económico en la Universidad de Castilla – La Mancha, España y es investigador visitante en el Max Planck Institut für Ausländisches and Internationales Strafecht de Freiburg im Breisgau de Alemania. Se desempeña como abogado asociado del Estudio Benites, De las Casas, Forno & Ugaz, es socio del Estudio Caro, Cortez & Massa Abogados y es socio fundador y gerente general del Estudio Caro & Asociados. Además, fundó el Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa, donde es director, cargo que también ocupa en el Anuario de Derecho Penal Económico y de la Empresa.
