La Facultad de Derecho de la Universidad de Lima e Ius et Praxis, la revista oficial de esta Carrera, presentaron el 17 de septiembre el webinar “Innovación legal y tecnología. La transformación de los servicios jurídicos”. Los ponentes fueron Paola Gálvez, abogada por la Universidad de Lima, especialista en ciberseguridad y transacciones de tecnología, y líder de Asuntos Públicos y Regulatorios en Niubox; Erick Iriarte, abogado y magíster en Ciencia Política y Gobierno con mención en Políticas Públicas y Gestión Pública por la Pontificia Universidad Católica del Perú, CEO de EBIZ y socio principal en el estudio Iriarte & Asociados; y Alejandro Morales, abogado por nuestra Casa de Estudios y jefe del Área de Derecho y Nuevas Tecnologías en Torres y Torres Lara Abogados.
Paola Gálvez comentó que no se asocia usualmente la tecnología con el derecho y que, según una encuesta de EY de 2019, las funciones legales están desperdiciando los beneficios de la modernización, por lo que corren el peligro de perder importancia en comparación con otras áreas de soporte. Según la misma encuesta, los principales obstáculos que limitan la innovación son la presión empresarial en curso (36 %) y las restricciones presupuestarias (32 %).
Luego la expositora se explayó sobre legaltech, término que se refiere a las herramientas tecnológicas que mejoran la prestación de los servicios legales. Ella señaló que un problema cultural y de resistencia al cambio desmotivaba a muchos estudios de abogados a modernizarse, hasta que la irrupción del nuevo coronavirus revirtió esta tendencia, debido a que el cumplimiento de la distancia social para evitar los contagios aceleró los procesos digitales. Añadió que la innovación legal debe estar acompañada por una transformación cultural que derive en un convencimiento de hacer las cosas de una forma diferente, lo que favorece la generación de valor en beneficio del cliente.
Asimismo, Gálvez afirmó que las herramientas tecnológicas pueden ser usadas en rubros como análisis y revisión de contratos, software de gestión de despachos y asesorías, bases de datos jurídicas, entre otros.
Por su parte, Erick Iriarte señaló que está pendiente la actualización del marco normativo en categorías como delitos informáticos o dinero electrónico. También comentó que el ecosistema local de las startups tomó un impulso importante con la aparición de diversas aceleradoras de emprendimientos, entre las que destaca especialmente Wayra, y que un aliado relevante de este sector es el Comité de Tecnologías de la Información y Comunicaciones creado por la Sociedad Nacional de Industrias.
En tanto, Alejandro Morales se centró en la Ley de Protección de Datos Personales, según la cual toda persona tiene el derecho fundamental de ejercer el control sobre su información personal, ya sea que esta se encuentre en registros públicos o privados, con el fin de que el tratamiento de sus datos no sea utilizado en desmedro de su dignidad y privacidad.
Además, el ponente se explayó sobre las principales obligaciones de los estudios de abogados en este tema, tales como la implementación de un banco de datos personales o el fomento del ejercicio de los derechos ARCO, los cuales abarcan consideraciones como acceso (que es el derecho de acceder a las informaciones personales en posesión de terceros), rectificación (se solicita la rectificación de la información en caso de estar incompleta o inexacta), cancelación (se pide la eliminación de los datos personales cuando uno lo desee) u oposición (que es el derecho a oponerse al uso de la información personal).