Nuestra Casa de Estudios fue sede del III Congreso Internacional de Flagrancia: La criminalidad en el Perú. Retos y desafíos de las unidades de flagrancia, en el que se abordó la importancia de estos procesos para una justicia rápida. En un país donde los casos jurídicos a menudo están paralizados y los expedientes se acumulan sin fechas fijas para sentencia, las Unidades de Flagrancia podrían ofrecer una solución parcial al agilizar la resolución de casos en los que la evidencia de la participación del acusado en el delito es clara.
Este evento, organizado por el Poder Judicial, contó con la participación de importantes actores del ámbito de la justicia en el país, como Charles Napurí Guzmán, viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia; Javier Arévalo Vela, presidente de la Corte Suprema y del Poder Judicial, además de Gustavo Adrianzén Olaya, presidente del Consejo de Ministros. Precisamente, el premier anunció que se destinará más de 150 millones de soles al fortalecimiento del sistema de flagrancia para contrarrestar la inseguridad ciudadana.
Durante los tres días del congreso, se analizaron experiencias internacionales que aplicaron el proceso de flagrancia antes que el Perú, y se abordaron tanto problemas como soluciones. Se desmintieron algunos mitos, como el hecho de que la rapidez del proceso deteriora el debido proceso o que se limita a casos simples. También, se discutió la importancia de que la eficiencia no sacrifique la certeza.
La Universidad de Lima tuvo una destacada participación mediante las ponencias de docentes de la Facultad de Derecho, como en el caso de César Nakasaki Servigón, quien subrayó la necesidad de un estándar probatorio claro para el proceso de flagrancia. En tanto, Luis Alberto Bramont reflexionó sobre cuándo un delito es considerado flagrante: cuando se planea el delito, cuando se intenta realizar o cuando se produce.
También, participaron como panelistas Joaquín Missiego del Solar, quien apoyó estas alternativas de soluciones siempre que se respete el debido proceso y se garanticen las debidas protecciones. Raúl Canelo, decano del Colegio de Abogados de Lima, recalcó la importancia de contar con abogados de oficio capacitados para defender a los acusados en estos casos. Por su parte, Mary Claudia Alvarado Cabanillas, desde la perspectiva del abogado litigante, advirtió sobre el riesgo de abusar de la prisión preventiva sin cumplir con los requisitos necesarios, especialmente en los casos de flagrancia donde los plazos para la defensa son muy breves.
El decano de nuestra Facultad de Derecho, Ronald Cárdenas Krenz, señaló al término del congreso que la formación profesional es clave para el éxito de las unidades de flagrancia y agradeció al Poder Judicial por confiar en nuestra Universidad para organizar este evento, en el que se destacaron los cuatro factores esenciales para el funcionamiento de este proceso: la eficiencia policial, la diligencia fiscal, la destreza del abogado y la prudencia del juez.
