Lucianno Giorffino, graduado de la Facultad de Derecho, es uno de aquellos afortunados que descubrieron su vocación desde temprana edad. Hoy es socio del estudio de abogados Vargas Pareja y ha estado involucrado con algunos de los más importantes proyectos mineros del Perú, como Toromocho, Michiquillay y Magistral. Con él conversamos, entre otras cosas, acerca del futuro de la actividad minera y del derecho minero.
¿Qué te motivó a estudiar Derecho en la Universidad de Lima?
Elegí esta carrera porque desde pequeño tuve una fuerte inclinación hacia ella, ya que mi padre es abogado e incluso antes de entrar a la Universidad yo ya trabajaba con él. La Universidad de Lima fue en todo momento la única opción para mí. Al hecho de que mi padre también es egresado de la Universidad de Lima se sumó el factor de que me atrajo mucho la malla curricular porque es más moderna. Sobre todo era la universidad ideal para la orientación que yo quería darle a mi carrera, que era encaminarla como mi negocio propio. Mi idea siempre fue ser parte de un estudio de abogados, lo cual ya he logrado. Siempre dirigí mi carrera con un enfoque empresarial y la Universidad de Lima era la única que poseía ese enfoque, pues enseña cursos como Economía y Contabilidad para abogados, materias que me ayudaron muchísimo para llegar a donde estoy ahora.
¿Cuál es la situación actual del derecho minero?
La minería está desarrollada desde hace muchísimo tiempo, pero los temas de derecho ambiental recientemente se han empezado a agilizar. Cuando recién empecé, la disciplina no estaba tan desarrollada; entonces había algunas normas, pero todavía el tema era incipiente. Hoy en día, a pesar de que aún no ha alcanzado la madurez que debería, ya es una norma más cuajada. El sector de recursos naturales en general está más consolidado con los precios que los minerales están teniendo ahora y toda la coyuntura sociopolítica.
¿Cuál será la situación del derecho minero en los años por venir?
Definitivamente, la regulación es el ancla que va a utilizar el Estado para poder frenar a las empresas; entonces, frente a esto, y a la regulación injusta, queda la defensa. Así que creo que estos cinco años va a presentarse muchísimo campo de negocio para los abogados. Se van a desarrollar normas y la actividad podría convertirse, aunque ojalá que no porque eso afectaría a todos, en una actividad con más restricciones. Pero de acuerdo con las señales y lo que he estado observando, creo que el negocio minero se va a mantener, las inversiones van a continuar. Si bien el Perú ha bajado de posición en el reporte del Instituto Fraser, en relación con la competitividad que ostentaba el año pasado, todavía tenemos un gran potencial geológico. Así que estoy seguro de que sí hay empresas dispuestas a invertir en nuestro país, ya que el presidente actual ha realizado un buen trabajo eligiendo a su gabinete. La política económica y la política minera se van a mantener equilibradas y soy uno de los convencidos de que el sector todavía tiene un poco de espacio para dar más de lo que da. No sé si esto último a través de impuestos, más bien a través de un camino negociado sí podrían obtenerse mayores beneficios que apoyen al desarrollo. Tengo la certeza de que en los próximos diez o quince años esta trilogía de Estado, empresa y sociedad tiene que fortificarse, establecerse un nuevo pacto social entre estos agentes que permita que todos se desarrollen de la manera más adecuada: las empresas, que obtengan sus beneficios; las personas, que puedan crecer y alcanzar la sostenibilidad que necesitan; y el Estado, que consiga los recursos necesarios para poder cubrir todos los otros temas en los que el sector privado no puede ayudar.
¿Entonces qué actitud tomarán las empresas mineras?
Si bien la minería ha tenido una historia –y me refiero a una historia antigua, porque la minería moderna no se desarrolla así– de problemas de contaminación, abusos, etcétera, actualmente los estándares de responsabilidad social y ambiental están bastante altos. Por lo tanto, opino que va a ser interesante el papel que va a jugar la empresa en un futuro, como motor de desarrollo en las regiones a las que no llega el Estado; papel que además ya viene desempeñando hace varios años. Así que con este ajuste o modificación del pacto social, definitivamente vamos a poder lograr mucho más. En este momento lo mejor o lo más adecuado, y en sí el futuro de la minería, es la autorregulación. Dentro de ese aspecto, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía es un factor muy importante.
¿Cuál es el rol de los abogados en este contexto?
El papel de los abogados es dirigir y asesorar los temas legales, tanto para que no se cometan abusos de un lado ni del otro como para ayudar a que, en general, la convivencia entre ambas partes sea la más adecuada. Hasta el momento, todas las normas que se han dictado son sancionadoras, y las que dictan algún beneficio son letra muerta porque no hallan cómo ejecutar ese beneficio. Así que, en conclusión, nuestra misión es cambiar la restricción por prevención y apoyar la autorregulación de las empresas.
Para terminar, ¿nos brindas un resumen de tu trayectoria profesional y nos comentas tus próximos proyectos?
Luego de mi primera experiencia trabajando con mi padre practiqué en una notaría y después en el grupo minero Carapongo, que es una empresa minera no metálica que posee varias empresas mineras asociadas. Mi siguiente destino laboral fue practicar en Activos Mineros, empresa estatal encargada de la remediación de los pasivos ambientales; aquí fue donde empezó mi experiencia con proyectos grandes. Luego pasé a un estudio de abogados, De la Puente Abogados, cuya especialidad es el derecho ambiental. Finalmente me incorporé al estudio Vargas Pareja como abogado asociado y ahora ya soy socio. Ya llevo aquí cinco años. ¿Mis proyectos a futuro son realizar una maestría en el extranjero el próximo año.
