Universidad de Lima

Los recientes derrames de petróleo en la Amazonía peruana han vuelto a dirigir el reflector hacia la creciente preocupación por la salud del medio ambiente y sus posibles vulneraciones. La sociedad se pregunta quiénes son los responsables y cómo determinarlos, así como el papel que debería cumplir el Estado en estos casos. Son cuestionamientos que muestran la relevancia de la responsabilidad ambiental, la cual abarca diversas ramas del derecho. En relación con estos temas, el jueves 19 de mayo se llevó a cabo, en el Auditorio S, el conversatorio “La responsabilidad ambiental en el Perú”, organizado por la Carrera de Derecho de la Universidad de Lima y la revista Athina.

Justicia ambiental 

El primer ponente de la noche fue César Ipenza, ex miembro del Consejo Directivo del OEFA y consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, quien preguntó si el Estado estaba preparado para resolver un problema tan preocupante como la contaminación de las personas por mercurio. Él consideró que no y que, debido a ello, al largo plazo estábamos cargándonos de un costo social que puede que no hayamos provocado pero estamos permitiendo.

Más adelante compartió su visión de lo que es un bosque: 

“Una empresa que provee servicios que todavía no estamos sabiendo contabilizar: nos provee captura de carbono y en el proceso de cambio climático es una oportunidad interesante, porque Perú tiene 70 millones de hectáreas de bosques y somos estratégicos, en el proceso internacional, para negociar los mecanismos vinculados con la mitigación del cambio climático. Estamos perdiendo biodiversidad, quizá allí podría estar la cura de alguna enfermedad a través de los principios antiguos de las plantas y animales”.

Para finalizar su exposición lanzó la pregunta de si había verdaderamente un sistema de justicia ambiental en el Perú, y respondió que consideraba que se hallaba en construcción y que debíamos enfocar todos los esfuerzos hacia ese objetivo. También advirtió sobre el peligro de derogar leyes vinculadas con la problemática ambiental: 

“Derogar estos decretos legislativos, que les dan algunas herramientas a las autoridades, nos va a llevar a mayor ilegalidad. Creo que todos perdemos y nuestra responsabilidad como ciudadanos es decir: ‘Bueno, cuál es la opción si derogas’. O se deben preparar primero las leyes para luego recién emprender un proceso serio de formalización”.

Potestad sancionadora 

La siguiente invitada de la noche fue Úrsula Zavala Carlín, asociada del estudio Rodrigo, Elías & Medrano Abogados, quien comenzó diciendo que se quedaba con uno de los comentarios de Ipenza, quien dijo que cuando hablamos de responsabilidad llamamos al Estado a que responda. “Eso es algo que siempre sucede —enfatizó—, llamamos al Estado a que responda y dé explicaciones. Probablemente lo que deberíamos hacer es llamar al Estado no a que responda sino a que ejerza su potestad sancionadora de manera más firme”.

En su participación la expositora explicó sobre el derecho administrativo sancionador y para qué sirve, y una de las razones que dio fue que “si bien el Estado tiene esa potestad sancionadora, también hay que normarlo; es decir, el Estado tiene esta facultad pero debe ser ejercida cumpliendo una serie de garantías que permitan a los administrados saber que esos derechos están siendo vulnerados”.

Derecho de tercera generación 

El cierre del conversatorio estuvo a cargo de Julio César Guzmán Mendoza, procurador público especializado en delitos ambientales del Ministerio del Ambiente. Él pidió a los asistentes pensar en los derrames de petróleo que ha habido en nuestra Amazonía en los últimos diez años, en la muerte de recursos hidrológicos en el Mar Peruano producto de que alguna embarcación haya botado fluidos, en ese tipo de desastres naturales. Luego los invitó a preguntarse qué se hace frente a un hecho que también es dañino aunque no afecte directamente a la persona, pero sí los recursos naturales. Sostuvo que todo ello ya entra en el tema de los derechos de tercera generación, y que el Perú era uno de los países que más habían avanzado en el tema de derecho ambiental, aunque no estemos a la par de los europeos.