La minería es una de las fuentes principales de desarrollo y riqueza en el Perú pero también de diversos conflictos, vinculados sobre todo con el impacto que genera en el medio ambiente y en las comunidades que viven en las zonas de extracción. Para abarcar un tema tan polémico y delicado, Ius et Praxis, la revista oficial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, congregó distintas opiniones y perspectivas sobre este tema en el conversatorio “Conflictos mineros y ambientales en el Perú”, que se llevó a cabo el 1 de julio en el Auditorio S.
Pormenores de los conflictos sociales
La primera mirada estuvo a cargo de Xennia Forno Castro-Pozo, socia del área de Minería y Medio Ambiente del Estudio Rubio, Leguía & Normand Asociados, quien empezó brindando un dato que pudo sorprender a muchos, al afirmar que solo el 1,09 % del territorio nacional se encuentra ocupado por actividades mineras, y que de acuerdo a estimaciones recientes únicamente se ha extraído el 12 % de los recursos minerales determinados. Luego, acerca de las características de las zonas donde se desarrolla la minería en el Perú, compartió que se trata de zonas alejadas de los principales corredores o centros económicos, con elevados niveles de pobreza, medios de comunicación limitados o inexistentes, sin servicios básicos de salud, educación, saneamiento, entre otros, y con presencia limitada del Estado.
Ya sobre los conflictos sociales en minería, afirmó que tienen su origen en la percepción de exclusión que el desarrollo de las actividades mineras pudo haber generado en los pobladores del entorno social del proyecto; a lo que se suman pasivos ambientales mineros antiguos, beneficios reducidos de la minería en la región y, sobre todo, el desconocimiento de las características de la minería moderna. Además, destacó que el conflicto usualmente se relaciona con la disposición de tierras, el uso del agua y los impactos en el cambio de vida o de costumbres de la comunidad; aunque el conflicto ambiental no se centra en una discusión técnica que permita optimizar procesos y proponer mejoras. Frente a esto, una de las conclusiones de la ponente fue que existe la necesidad de desarrollar herramientas asociativas para involucrar a las poblaciones del área de influencia de los proyectos.
Bajo riesgo de “colonización”
El siguiente enfoque estuvo a cargo de Andrés Escudero, director general de la Dirección General de Articulación Intergubernamental del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri). Después de asegurar que intervienen en 60 conflictos al año, el representante del Minagri afirmó que “pensar en acabar con los conflictos es como pensar en acabar con los litigios: no es posible. La vida es un continuo de conflictos, lo que pasa es que hay un grupo de conflictos que son relevantes para el Estado, aquellos en los que se cuestiona al Estado, ya que es un acto político en el que se cuestiona al poder”. Y a continuación se refirió al concepto de colonización, que definió así: “Cuando partidos políticos se montan sobre conflictos sociales y tratan de controlarlos y cambiarlos”.
A propósito de aquel concepto, Escudero sostuvo:
“Cuando un conflicto nace del mercado de expectativas, es decir, de un líder natural peleando por lo suyo, se caracteriza por algo importante: ha planteado expectativas y la gente lo sigue por ellas. Pero cuando hay colonización, hay intimidación. Comienzan a intimidar y amenazar a los líderes. La segunda característica es que en la movilización natural el momento es espontáneo, pero cuando uno ve grupos financiados provenientes desde fuera, ya puede pensar en una colonización y la violencia es mucho mayor. En un conflicto natural, local, las necesidades son diversas; pero si se dice que es solo un ideal político, detrás de eso hay un partido”.
Antes de finalizar su participación, insistió en lo siguiente:
“Si bien es cierto que todo el mundo dice que los conflictos tienen una fase antropológica, cultural, psicológica o social, los conflictos relevantes para el Estado, y que atendemos, son conflictos políticos. Y como conflictos políticos los atendemos como hechos políticos; es decir, como una discusión de la decisión de la autoridad mediante la presión pública, que puede concluir en una buena negociación, bien por un intercambio de propuestas o por una modificación de los ejes y un fortalecimiento de actores relevantes capaces para el desarrollo”.
Sus últimas palabras se refirieron a la política que tiene el sector agrícola de convertir, una vez finalizado el conflicto, a su contraparte en un actor del negocio agrario.
El área de influencia y la gestión de conflictos
La tercera ponencia estuvo a cargo de Javier Ávila, decano del Colegio de Antropólogos del Perú, quien resaltó que en el año 2004 teníamos apenas 5 conflictos socioambientales, mientras que en el año 2009 ya existían 144; y que actualmente nos mantenemos estables en una cifra estructural, entre los 120 y los 140 conflictos de este tipo. “Hay una correlación directa entre el incremento de los proyectos de inversión en minería y el incremento de los conflictos”, sentenció.
Luego, afirmó que en el proceso de creación de valor se generan emisiones al aire, descargas al suelo y excedentes que van al agua; externalidades que definen los impactos ambientales que deben ser mitigados a través de los sistemas de gestión correspondientes. Entonces se refirió al “área de influencia del proyecto”; es decir, donde el proyecto asume obligaciones de prevención, mitigación, remediación o compensación de los impactos que genera. Sostuvo que en esta área de influencia uno también encuentra algún tipo de ocupación humana, algún tipo de estructura social que está habitando el territorio utilizado para el proyecto de inversión, así que “el plan de relaciones comunitarias trata de orientar y de definir el conjunto de actividades del proyecto de inversión para tener una buena relación con las comunidades en el área de influencia del proyecto”.
Ávila lamentó que exista un desconocimiento por parte de muchos proyectos de inversión sobre cuál es la realidad social del entorno en el que están operando. “No conocen cuál es la real situación del entorno. No hay mapas de actores actualizados, ni información sobre cuáles son los grupos del entorno, ni de cuáles son los potenciales vectores de conflictividad en el entorno”. Frente a esta desinformación, concluyó que resultaba “importante que la gestión de conflictos incorpore información social estratégica sobre la estructura de los puntos de interés del área de influencia del proyecto”.
Minería versus extracción ilegal
La última mirada de la velada estuvo a cargo de Eduardo Lanao Cleonares, director gerente del Instituto de Altos Estudios Mineros, Ambientales y Sociales (IDEMAS) y CEO de Keymine Corporation Inc. “El gran problema es que hablamos de minería pero no entendemos qué es la minería. Y el Perú posiblemente sea uno de los países más mineros del mundo si no el más minero, es como estar en Venezuela y no entender cómo funciona el hidrocarburo, el petróleo”, aseguró.
El expositor destacó que lo principal era tener los conceptos claros, y al respecto explicó:
“Minería es aquella actividad formal que hace el empresario minero formal pero también se entiende en nuestro país que minería es la actividad ilegal, y eso debería llamarse extracción ilegal y no minería. Porque la minería requiere permisos, licencias, toda una serie de gestiones que los que estamos involucrados en el sector minero conocemos bien. Sin embargo, han metido el concepto en una misma bolsa, y por ahí se está generando una falsa interpretación, y de las interpretaciones se generan los conflictos”.
Finalmente, manifestó que hay tres retos fundamentales: en primer lugar, entender de minería y separarla de lo que es extracción legal antes de hablar de ella; en segundo lugar, concentrarse en la relevancia de la minería con responsabilidad social y cuidado medioambiental; y, en tercer lugar, tomar en cuenta que nuestro país puede estar siendo manejado por manos invisibles que se están aprovechando de nuestro desconocimiento y del manejo social político y económico.
