Los conflictos sociales generados en torno a la minería en el Perú paralizan la actividad minera y producen pérdidas millonarias. Su pronta solución es clave para todos; lamentablemente, las soluciones tradicionales han resultado poco eficientes. Frente a ello, Renzo Valdez propone que se realice un arbitraje especial, basado en principios de equidad y justicia, más que en normas legales.
Su propuesta se presentó al Premio Nacional de Minería, que organiza Perumín, y ganó en la categoría legal y tributaria. Ahora Renzo, quien estudió Derecho en la Universidad de Lima, quiere dar a conocer su trabajo, a fin de que surjan más propuestas o ideas complementarias que aporten a la solución de este tipo de problemas.
¿Cómo recibiste la noticia de haber ganado en la categoría legal y tributaria del Premio Nacional de Minería que organiza Perumín 34?
Muy contento. Debo decir que este reconocimiento me llena de orgullo a mí y a mi familia. Este año en la Convención Minera Perumín 34 se rompió un récord en cuanto a la cantidad de trabajos presentados: fueron más de 500 trabajos técnicos. De ellos, 108 fueron seleccionados para exponer en el Primer Foro TIS y 72 fueron exhibidos en torres digitales con pantallas táctiles. Hubo un ganador nacional y ganadores por categorías; yo gané en la categoría legal y tributaria.
¿De qué trata tu propuesta “Arbitraje de conciencia y reciprocidad en la minería”?
Procura dar solución a un problema que tiene grandes repercusiones en el país. Ocurre que hay muchos conflictos entre las compañías mineras y las comunidades aledañas a la zona de exploración o extracción de minerales. Estos conflictos no tienen legislado un procedimiento de resolución, como sí sucede, por ejemplo, ante una huelga en materia laboral, pese a la magnitud e importancia que representa la actividad minera en nuestro país. Para resolver sus desavenencias, las compañías mineras y comunidades campesinas apelan al diálogo y, cuando este se frustra, se impulsan medidas de fuerza, por lo que se pide la intervención del gobierno, momento en el cual se politiza y mediatiza el conflicto. Mi trabajo no busca prevenir el conflicto, esa labor le corresponde al Estado. Mi propuesta está dirigida a solucionar el conflicto una vez que se materializa la medida de fuerza y se suspende la actividad minera mediante, por ejemplo, el bloqueo de las vías de acceso y otras acciones fuera del marco de la ley. Se requiere una alternativa de solución ante este problema, ya que en los últimos 8 años nuestro país ha perdido más de 60.000 millones de dólares, debido a la paralización de grandes proyectos mineros por conflictos sociales.
¿Qué propones como solución?
Propongo el uso obligatorio de un mecanismo alternativo de solución, a través de un arbitraje especial denominado arbitraje de conciencia y reciprocidad en minería, que permita a la compañía minera y a la comunidad campesina resolver el conflicto oportunamente, en ocasión de la paralización de la actividad minera, para evitar el perjuicio económico para todos los peruanos. La innovación que plantea mi trabajo es que ninguna de las dos partes pierde; cada una obtiene lo que iba a recibir a través del diálogo, de manera objetiva, equitativa, sin intervención del Estado. Desde mi punto de vista, cada vez que interviene el Estado, a través del gobierno de turno, el problema se politiza y se mediatiza, lo que magnifica el problema y, como consecuencia, se complica su solución. Por eso propongo que se legisle la obligación del pacto de este arbitraje especial y que sea a través de un arbitraje de conciencia, en comparación con el de derecho, en razón de que el empresario minero quiere una solución sencilla y justa al problema, ya que la paralización de un proyecto involucra una pérdida económica inmensa. Y la comunidad también quiere resolver el problema, porque ellos dependen de esta importante actividad económica. El arbitraje de conciencia maneja un criterio de equidad, de justicia. Eso es fácil de entender por parte de las comunidades y los mineros; más fácil que una justificación normativa o de derecho, que les resulta difícil de entender y, por tanto, de cumplir.
¿Cuál sería la diferencia entre el arbitraje de conciencia y el arbitraje de derecho?
Es más fácil resolver y entender la solución de un conflicto mediante la aplicación de un criterio de equidad, de justicia, en lugar de resolver y justificar la resolución de un conflicto mediante el uso y aplicación de normas, las cuales son desconocidas por las partes. Por otro lado, en el arbitraje de derecho los árbitros deben ser necesariamente abogados y, créanme, no somos muy populares en la solución de estos conflictos [risas]. Allí radica la diferencia entre ambos. Respecto al procedimiento, la idea es que los miembros de la comunidad nombren a su árbitro sin ninguna restricción, salvo las que dispone el decreto legislativo que regula el arbitraje. La idea es que nombren a cualquier persona en quien ellos confíen plenamente. Lo mismo la compañía minera, que podría nombrar a su jefe de relaciones comunitarias o a un ingeniero de su confianza, por ejemplo. La comunidad tal vez podría nombrar al sacerdote de su jurisdicción o a un dirigente. Una vez nombrados los árbitros, ellos deben nombrar a un profesional en solución de conflictos sociales, que, de manera probada, cumpla con estas características. El tribunal arbitral deberá solicitar a ambas partes que hagan llegar sus alternativas de solución al conflicto y el tribunal, en un plazo máximo de cinco días, en audiencia pública, debe elegir una alternativa a cada parte, equilibrarlas, y hacerlas coexistir, aplicando un análisis económico para que ninguna de las partes pierda, y se logre la resolución del conflicto y, principalmente, se ordene el inmediato levantamiento de la medida de fuerza y el reinicio de la actividad minera.
¿Qué pasaría si la comunidad no quisiera acatar el fallo del proceso de arbitraje?
En ese caso, se tendría que pedir la intervención del Estado, mediante la ejecución inmediata de la decisión arbitral, como sucede en todo Estado de derecho. Pero, previamente a la implementación de este mecanismo innovador de solución, se tendría que hacer un trabajo de concientización y capacitación para que este medio alternativo logre solucionar un problema que afecta, finalmente, a todos los peruanos, de manera directa o indirecta. Mi trabajo busca apagar el incendio en cuanto se prenda la pradera, pero necesariamente tiene que mediar voluntad política y tiene que haber una consecuencia de parte del Estado.
¿Cuál es tu experiencia en el terreno de la minería?
Tengo más de ocho años en minería, negociando con comunidades campesinas y sindicatos.
El hecho de que hayas ganado este premio implica que se cree que este mecanismo de solución que planteas puede funcionar.
Pienso que sí, es una manera de reconocer que esto puede funcionar, pero más aún, creo que el reconocimiento apunta al hecho de que nadie está buscando una alternativa al principal problema que aqueja actualmente a la minería. Se sigue apelando al diálogo y el problema subsiste. En este momento, busco publicitar mi propuesta, con la finalidad de que se busquen alternativas de solución a este problema. Estoy trazando un camino que podría ayudar a solucionar parte de los conflictos que existen actualmente; pienso que mi trabajo abre la puerta a que se presenten más alternativas o que se complemente mi propuesta y tengamos, finalmente, un medio alternativo efectivo para la solución de conflictos sociales en minería. Mientras tanto, al Estado le corresponde trabajar en acciones preventivas y tener presencia en las zonas más alejadas y recónditas de nuestro país, a las que solo llega la minería. Lamentablemente, existe en las comunidades una desesperanza adquirida, desde hace muchos años, producto de un Estado ausente e indiferente. Las comunidades ya no creen en el Estado y, cuando aparecen las compañías mineras, inmediatamente les trasladan todas las promesas incumplidas de nuestros políticos, lo que muchas veces hace inviable la actividad. Este es un gran costo de oportunidad que sufre la actividad económica más importante de nuestro país.
¿Desde que saliste de la Universidad te interesaste por temas mineros?
No, realmente. Yo salí de la Universidad y practiqué en dos estudios de abogados, luego me titulé e ingresé a trabajar a Luz del Sur, donde trabajé aproximadamente cinco años. Luego pasé al sector minero, comencé como asesor legal y actualmente soy gerente legal de Congemín, una empresa contratista y titular minera. La minería me encanta, soy un apasionado de la minería y dudo que cambie este rubro en lo que dure mi carrera profesional. La empresa donde trabajo ya me ha dado mi título de minero, dicen que soy un abogado que es más ingeniero que abogado [risas]. Fuera de bromas, me interesa mucho la minería.
¿Qué te pareció estudiar en la Universidad de Lima?
Mi experiencia en la Universidad de Lima fue increíble. Lo que más valoro de esa época es la calidad de los profesores, quienes no solo me enseñaron cursos de derecho, también valores y principios. De hecho, uno de mis profesores, reconocido árbitro internacional, fue el doctor Carlos Matheus López. Él fue miembro del jurado cuando me tocó obtener mi título profesional y también fue mi profesor en la maestría de derecho procesal. Aprovechando esa relación estudiantil tuve la oportunidad de que me orientara en la elaboración de mi trabajo; me ayudó mucho y le estoy muy agradecido. Por supuesto, también valoro mucho las amistades que hice en la Ulima y que, a la fecha, entre recuerdos, vivencias y risas, aún mantengo.
