Universidad de Lima

Organizado por Athina, la revista de los alumnos de Derecho de la Universidad de Lima, se realizó en el Aula Magna A el Seminario de Política Internacional Contemporánea, dedicado a temas de actualidad como las actuales coyunturas políticas de Venezuela y Rusia, además de los retos de seguridad ocasionados por el crimen organizado alrededor del mundo.

“La OEA y el caso de Venezuela” fue la primera conferencia, ofrecida por la embajadora Luzmila Zanabria, del Servicio Diplomático del Perú. La ponente recordó la trayectoria de la Organización de Estados Americanos (OEA) desde sus orígenes como una institución que promueve la paz y la seguridad en la región, siempre respetando la libre determinación de cada Estado. Hizo hincapié en que, aunque la OEA cuenta con herramientas para pronunciarse sobre las agresiones a la democracia en los países miembros, abogar por la restitución del orden democrático y, si ello no se lograra, separar al país miembro —como sucedió con Honduras a raíz del golpe de Estado del 2009 que derrocó al presidente Manuel Celaya—, nada de esto pasó con Venezuela, donde los procesos electorales han sido cuestionados y las libertades ciudadanas se hallan fuertemente limitadas según reporta la prensa, pese a todo lo cual la OEA consideró que no hubo interrupción del orden constitucional. “Para mí es claro: los Estados no quieren aplicar los mecanismos que tienen para aplicar”, concluyó Zanabria.

Prosiguió la abogada Olga Lukashevich, funcionaria diplomática, quien expuso sobre “La política exterior de Rusia en el siglo XXI”. Tras recordar datos clave sobre la importancia de Rusia a nivel mundial, como los factores que la hacen una potencia energética y militar, Lukashevich repasó la política rusa en los años noventa, la primera década de los años 2000 y su agenda actual, lo que permitió ver cómo se pasó de una política de acercamiento a Occidente a otra de mayor autoafirmación, donde la tesis del euroasianismo sigue latente animando una búsqueda si no de recomposición del espacio soviético, sí de establecimiento de alianzas entre los países de Eurasia. La expositora analizó conflictos recientes como el de Georgia y el actual de Ucrania a la luz de la agenda rusa, y los expuso como expresiones del conflicto de intereses entre Rusia y Occidente.

Luego, la profesora Olga Elena Ramírez Poggi, abogada civil con especialización en relaciones internacionales, abordó el tema “Combatiendo el crimen internacional organizado transnacional en las Américas”. Ella situó los problemas del crimen organizado en el marco de la seguridad global, para subrayar que los terroristas y los grupos criminales como las mafias y los cárteles del narcotráfico explotan las debilidades de los Estados mediante una red de facilitadores que les permite obtener información y recursos, transportar mercancías y armas, lavar dinero para introducirlo al sistema financiero y cumplir sus diversos fines. Combatir estas redes ilícitas exige de los Estados estrategias de defensa, diplomacia y prevención de la criminalidad mediante el desarrollo, estrategia que Ramírez explicó en el caso de Estados Unidos. Un factor determinante para el éxito de estas estrategias es la voluntad política de los Estados para ejecutarlas. “Si el gobierno no quiere realmente fortalecerse, tener gobernanza y combatir estos grupos criminales, no vamos para ningún lado”, dijo.

Finalmente, la profesora Carolina Loayza Tamayo, abogada especializada en derecho internacional público, disertó sobre la relación entre la globalización del comercio, los derechos humanos y las empresas transnacionales. Destacó que si bien es cierto que la globalización de la economía puede ayudar al desarrollo de los países, también puede depredarlos cuando la explotación económica no es responsable con las comunidades y el medio ambiente. Ello obedece a que los Estados presentan distintos niveles de desarrollo, por lo cual no todos están en plena capacidad de cuidar la seguridad de sus poblaciones y defender sus derechos humanos, lo que abre brechas de gobernabilidad, entornos permisivos donde grupos criminales o empresas inescrupulosas pueden explotar a las poblaciones y lucrar a su costa. Loayza enfatizó que un abogado corporativo está en la obligación de investigar los diversos casos de vulneración de derechos por las empresas. “Debemos actuar con diligencia para identificar el impacto de las operaciones comerciales en los derechos humanos. Luego, conocerlo, mostrarlo a las empresas para prevenirlo y compensar estos impactos en un diálogo con sus presuntas víctimas”, dijo, y añadió que atender y prevenir estos problemas no sólo es una obligación ética en sí misma, sino que conviene a la responsabilidad social de las empresas y al cuidado de su reputación.