Uno de los tantos aspectos que se destacan del Perú en el mundo es su riqueza medioambiental, muchas veces vulnerada por la actividad humana. Esto exige contar con una normativa legal que prevenga y sancione los daños a la naturaleza.
Por esta razón, Luis Aguirre, abogado por la Universidad de Lima y egresado de la Maestría en Derecho Empresarial de esta Casa de Estudios, nos habla en la siguiente entrevista sobre la importancia de modificar el artículo 82 del Código Procesal Civil, referente al patrimonio de los intereses difusos, tal y como lo propuso en su investigación para culminar su Maestría.
Cuéntanos de qué trata tu investigación.
Mi investigación de Maestría lleva por título “Principales aspectos de la responsabilidad civil por daños al medio ambiente: a propósito del caso Yanacocha” y trata de evidenciar que las conductas que ocasionan daños ambientales se han incrementado en las últimas décadas, generando consecuencias importantes tales como alteraciones climatológicas, contaminación, afectación a los recursos naturales, entre otras. Estas situaciones nos deben obligar a reflexionar sobre nuestro papel en la protección del medio ambiente y en la responsabilidad que recae en cada persona.
Es justamente dentro de este contexto que nuestro ordenamiento jurídico se encuentra obligado a determinar una solución eficaz para la protección y conservación del medio ambiente, implementando mecanismos idóneos a fin de desincentivar conductas que, con un fin meramente patrimonial, generan daños irreparables al medio ambiente.
Por lo tanto, mantener solo la finalidad del resarcimiento en la responsabilidad civil ambiental no me parece un elemento suficiente para prevenir la degradación y el deterioro de un ecosistema a cambio de una compensación económica, que muchas veces ni siquiera se invierte en reparar, de alguna forma, el daño ocasionado. Por eso, desde mi punto de vista, considero imprescindible que se busque disuadir, prevenir y reducir conductas que alteren nuestro ya afectado medio ambiente.
En ese sentido, desarrollé un análisis del actual marco normativo y me percaté de que no se advierte en la legislación procesal un mecanismo idóneo para accionar frente al daño ambiental. La figura que se encuentra estipulada en nuestro marco legal básicamente determina una legitimidad para obrar sumamente limitada a ciertas condiciones y agentes como los consignados en el artículo 82 del Código Procesal Civil, siendo necesario, a mi parecer, una modificación de este artículo para incorporar la institución de las acciones de clase para defensa de los intereses difusos y colectivos. Esto permitirá que un grupo de personas afectadas por un daño ambiental procedan a la tutela no solo de sus derechos, también del ambiente sin necesidad de representación, contando con una cuantificación ambiental por parte del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), e instaurando también la aplicación de daños punitivos determinados por el juez.
¿Cuáles fueron los objetivos de tu investigación?
Los objetivos de mi tesis se centraron en realizar una investigación sobre la problemática de la naturaleza jurídica de la responsabilidad civil en materia de daños al medio ambiente en el ordenamiento peruano. Para lograr un planteamiento como alternativa de solución, investigué a profundidad la problemática que plantea el enfoque de este tipo de responsabilidad desde la perspectiva del derecho civil, de cara a plantear soluciones ante las lagunas que la normativa nacional tiene sobre este tipo de daños.
¿Cuáles fueron los resultados obtenidos?
El marco normativo establecido para responder por temas de daños ambientales nos resultaba insuficiente, de manera preliminar. En primer término, por un tema de aplicación práctica de la norma procesal. En segundo aspecto, por falta de lineamientos claros para cuantificar el daño ambiental. Finalmente, porque las instituciones con las cuales contamos dejan abiertas las interpretaciones para entender el concepto de medio ambiente como un bien jurídico de naturaleza casi difusa. Considero que es de suma importancia el hecho de poder establecer lineamientos claros para contar, de manera objetiva, con una metodología que les permita a los jueces cuantificar un eventual daño de esa naturaleza. Así, se evitarán confusiones y problemas respecto de su tratamiento normativo. En ese sentido, como parte de la propuesta de solución planteada en la investigación, se ha diferido el aspecto relacionado a la cuantificación de este tipo de daños al OEFA para que pueda determinar dicha cuantía de forma técnica. Su pronunciamiento servirá de sustento al órgano jurisdiccional, a efectos de canalizar una determinación objetiva de dicho importe.
¿Qué te motivó a realizar esta investigación?
En principio, la detección de un problema de regulación por falta de lineamientos claros que definan la aplicación de supuestos de responsabilidad civil para responder por daños al medio ambiente, y la inclusión como planteamiento de alternativas de solución de figuras legales propias de un sistema, no romano-germánico como al que pertenecemos, sino de un sistema anglosajón para generar una respuesta integral y compatible con nuestra realidad. He buscado llenar las lagunas normativas, que podrían inducir al error, con la importación de instituciones jurídicas de otro sistema con la finalidad de tener una respuesta integral y conciliadora sobre el tema. Estas instituciones son las figuras de las acciones de clase y las figuras de los daños punitivos.
¿Cuáles son los principales retos que se presentaron al elaborar este proyecto?
El tener que plantear la inclusión de propuestas de modificación normativas para incluir figuras legales previstas en el sistema anglosajón, con las adaptaciones correspondientes, a efectos de que dichas premisas sirvan como herramientas de disuasión y promuevan una delimitación específica como mecanismo de solución a eventos que afecten el medio ambiente.
¿Qué viene ahora para este proyecto?
Me encuentro trabajando en un artículo académico. En este pretendo seguir con la misma línea argumentativa de intentar solucionar un problema de limitación del daño ambiental a partir de la utilización de la responsabilidad civil. Esta solución traerá como correlato el usar estas dos instituciones anglosajonas: la delimitación del daño punitivo para efectos de disuasión de daños ambientales y la posibilidad de incluir, dentro de nuestra regulación procesal, las acciones de clase. Asimismo, se busca circunscribir la opinión técnica de un órgano administrativo para cuantificar ese daño ambiental y brindar un parámetro objetivo al órgano jurisdiccional que resuelva una controversia de carácter ambiental.
¿Qué recomendaciones darías a tus compañeros de Maestría que estén a punto de empezar el Seminario de Investigación?
Deben tener en claro el punto de planteamiento del problema. Una vez identificado, que intenten esbozar posibles medidas de solución. Dentro de estas, el plan de tesis es el más importante, pues se encarga de remarcar el proceso investigativo como estructura de la tesis en sí.
No hay que cerrarse con las alternativas de solución. Es más, hay que pensar fuera de la caja. En mi caso, me tocó plantear propuestas completamente opuestas al sistema que nos rige, el sistema romano germánico. La Escuela de Posgrado de la Universidad de Lima tiene estupendos profesores que te guiarán durante este proceso.
Les diría que busquen, de forma constante, colocarse retos y planificar la forma y metodología para cumplirlos. Considero que todo esfuerzo es válido cuando viene acompañado de un proyecto al cual se le brinda pasión y dedicación.
¿Recomendarías a tus colegas estudiar la Maestría en Derecho Empresarial de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Lima?
Definitivamente recomendaría la propuesta académica de la Maestría en Derecho Empresarial de la Ulima. El programa cuenta con una plana docente conformada por profesionales de primer nivel y con mucha experiencia en el ejercicio de la abogacía, situación complementaria al diseño de una malla curricular muy enfocada en el campo corporativo. Esto permite a sus graduados desempeñarse como asesores legales de empresas.
Considero que la Maestría en Derecho Empresarial proporciona un enfoque 360 y multidisciplinario a los distintos escenarios legales de la actividad empresarial, y facilita interactuar libremente en las distintas áreas o especialidades del derecho, ampliando así el panorama de la asesoría legal y las propuestas de solución que el profesional puede brindar.
