Universidad de Lima

Con una demanda mundial en recuperación, altos precios de los commodities y tendencia a la alimentación saludable, entre otros factores, el Perú tiene una gran oportunidad para crecer y reducir la pobreza.

Partiendo de nuestra propia historia

Durante las décadas de 1970 y 1980, el Perú apostó por ser un Estado empresario, fuertemente intervencionista y controlador. El resultado fue, en términos simples, un gasto enorme (burocracia poco eficiente) frente a muy bajos ingresos (sin una participación importante de la empresa privada, con menos impuestos y poco empleo que derivase igualmente en impuestos en favor del fisco). Ante este déficit, se apeló a la famosa “maquinita”, lo que generó uno de los peores castigos para toda la sociedad: la inflación.

El poder adquisitivo de la gente perdía peso de manera acelerada, las pocas empresas no estaban dispuestas a invertir en un mercado con baja capacidad de consumo que se sumaba a la incertidumbre de los precios, y el Estado recibía menores ingresos para desarrollar las tareas prioritarias del país.

Entre 1980 y 1989, la inflación promedio anual fue de 1.187 %. En simple, mi sueldo se mantenía o crecía muy poco, mientras que los precios de productos y servicios que necesitaba para mi familia subían más de diez veces.

En 1990 batimos todos los récords, con una inflación de 7.649 %. Se acuñó entonces el término “hiperinflación”. Lo que podía comprar en la mañana ya no lo podía comprar al mediodía.
Lección “aprendida”: la inflación castiga a todos, pero particularmente a los más pobres.

1993: Un punto de inflexión

La hoy cuestionada Constitución de 1993 implicó varios puntos importantes. Entre ellos, la adopción del modelo de economía social de mercado. En términos sencillos, el Estado reconoce que el motor de la economía es el sector empresarial privado; por tanto, se enfoca principalmente en tres tareas: promoción de la actividad empresarial (Promperú, ProInversión), facilitación de la actividad empresarial (digitalización del Estado, simplificación administrativa, ventanilla única de comercio exterior) y, por supuesto, regulación de la actividad empresarial para evitar posiciones de abuso de poder, subvaluación, contrabando, concertación de precios, dumping, etcétera (Sunat, Indecopi, Sunafil, Ositrán, entre otros).

Sin embargo, la Constitución, hasta ahora vigente, señala explícitamente que la educación y la salud son un derecho de la población. Por consiguiente, se hace necesaria la intervención del Estado con oferta de educación y salud pública, complementando en estos sectores a la actividad empresarial privada. Asimismo, el Gobierno invierte en infraestructura con recursos públicos —carreteras, puentes, irrigaciones, etcétera— para viabilizar el comercio y la inversión.

Otro elemento importante ha sido la autonomía del Banco Central de Reserva del Perú, ente que es y debe seguir siendo autónomo para preservar la estabilidad monetaria del país. Su gestión ha sido destacada y explica cómo el Perú ha logrado registrar uno de los niveles más bajos de inflación en comparación con los demás países de la región latinoamericana.

En concreto, se reconoce que la riqueza no la genera el Estado, sino la empresa privada.

Evolución económica hasta 2019

Desde entonces, la economía peruana registró un crecimiento sostenido por el que llegó a ser catalogada como “el milagro económico de América Latina”, con tasas promedio superiores al 6 % anual. Hasta antes del inicio de la pandemia, sin embargo, estábamos en un proceso de desaceleración, y cerramos 2019 con un crecimiento de 2,2 %. La inversión pública y privada en diversos sectores se incrementaba sólidamente desde que en 2007 recibiéramos el grado de inversión por parte de las tres grandes calificadoras: Fitch, Standard & Poor's y Moody's. El comercio exterior, igualmente, en crecimiento diversificado al amparo de 21 TLC que explican el 95 % de las exportaciones y el 90 % de las importaciones peruanas, ello complementado por el Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX, vigente hasta 2025). Por su parte, hubo un consumo interno robusto respaldado por un continuo crecimiento de la clase media. El país mantuvo uno de los niveles más bajos de inflación en la región de América Latina y tuvimos movimientos moderados del dólar, déficit fiscal de 1,7 % y un nivel de deuda pública/PBI inferior al 27 %. En síntesis, indicadores macroeconómicos saludables.

Lo más importante es reconocer que no solo se trató de crecimiento económico, sino también de desarrollo económico. Según la Cepal, el Perú y Colombia fueron los países que más redujeron los niveles de pobreza durante los últimos 15 años. En el caso peruano, de 50,2 % a 20,5 %, lo que evidencia que se generaron muchas más oportunidades de empleo en la economía.

Por supuesto, persisten enormes desafíos relacionados con las llamadas “reformas de segunda generación”: educación, salud, infraestructura, ciencia y tecnología, e institucionalidad. La aún mayor reducción de la pobreza, la eliminación de la pobreza extrema y la disminución de la informalidad representan algunas de las tareas urgentes e impostergables.

Impacto de la COVID-19

La pandemia afectó agresivamente la situación de la economía del país. Se golpearon los cuatro grandes motores de la economía: 1) la inversión pública 2) la inversión privada, que representa el 80 % del total de inversión en el país y que cayó cerca de 27 %; 3) las exportaciones, que se redujeron 17 % a pesar de la mejora del precio de los minerales (concentran 60 % del valor total exportado) y del sólido crecimiento del sector agroexportador; (7 % en plena pandemia); 4) y el consumo interno (65 % del PBI), que se redujo también en 8 %.

El déficit fiscal se multiplicó por cinco y por primera vez en las últimas décadas el Perú se sobreendeudó: deuda/PBI 38 %.

Se registró así una recesión de 11,2 %, comparable solo con la que tuvimos en 1880 durante la guerra contra Chile. En América Latina fuimos la segunda economía de mayor recesión, solo superada por Venezuela (25 %).

Derivamos en una triple crisis: sanitaria, económica y política.

Se desnudaron nuestras debilidades y se aprendieron, esperemos, lecciones importantes.

Perspectivas después de la caída

En 2021 el Perú, producto del rebote estadístico ante la dramática caída de 2020 y la rápida recuperación de la demanda externa, creció cerca de 13 % y se convirtió en una de las economías de mayor crecimiento en la región.

La inversión pública empezó a recuperarse, el sector exportador encaró un mercado más dinámico y con mejores expectativas de demanda, y el empleo comenzó a aumentar progresivamente. No obstante, la inversión privada y la consolidación del crecimiento del empleo están supeditadas ahora al desenlace en el escenario político.

La inversión, de cualquier tamaño, busca fundamentalmente dos cosas: estabilidad económica y seguridad jurídica. Con cuatro gabinetes a cuestas en solo siete meses de gestión, la incertidumbre se mantiene como una gran limitante para aprovechar un escenario global favorable para este país.

Dos oportunidades interesantes que pueden contribuir significativamente al desarrollo del Perú pos-COVID-19:

• El cobre. El Perú es un país minero por excelencia, y el cobre es su producto principal de exportación. Entre el Perú y Chile, concentramos aproximadamente el 70 % de la producción mundial de cobre. Vienen años muy interesantes para este mineral, considerando que muchas industrias (automotriz, eléctrica, entre otras) demandarán cobre fuertemente durante los siguientes años.
• Alimentos. En un escenario de crisis alimentaria, el Perú cuenta con condiciones excepcionales que explican nuestro sólido crecimiento en la exportación de frutas, hortalizas, superfoods, etcétera, que ya nos posicionan como uno de los principales proveedores del mundo en varios de estos productos (arándano, espárrago, banano orgánico, café orgánico).

Las amenazas principales son que prime una postura extremista del Gobierno que desaliente la inversión y origine pérdida del grado de inversión por las principales calificadoras del mundo, vacancia o renuncia presidencial versus cierre del Congreso, asamblea constituyente, políticas populistas (control de precios, contramarchas en la ley universitaria), incremento sostenido de la inflación, etcétera.

El Perú está frente a una gran oportunidad que todos debemos saber aprovechar. Toca asumir las mencionadas reformas de segunda generación en educación, salud, infraestructura, ciencia y tecnología e institucionalidad, las cuales se desarrollan dentro de los dos primeros años de un gobierno. Es decir, ahora.

Desde donde estemos, nos corresponde encaminar al país hacia su desarrollo. La tarea es de todos.