José Perla, doctor en sociología, máster en instituciones legales y abogado, es investigador y profesor principal de la Universidad de Lima. También es presidente del Instituto Peruano de Derecho de las Comunicaciones (Deyco). Es autor de Ética de la comunicación periodística, Ética de la comunicación publicitaria, El derecho de la comunicación en el Perú y Derecho de la comunicación: aportes para una nueva disciplina jurídica, entre otros libros. Conversamos con él sobre su libro Ética de la comunicación televisiva, publicado por el Fondo Editorial de la Universidad de Lima, que será presentado en la Feria Internacional del Libro de Lima el lunes 20 de julio a las 20.00 horas en la Sala José María Arguedas.
¿Cuáles son las principales conclusiones que obtuvo a través del proceso de investigación de Ética de la comunicación televisiva?
Son muchas las conclusiones, pero solo escojo algunas. La primera es que ha quedado confirmado que muchos ciudadanos del país (incluso anunciantes, productores, conductores, publicistas, comentaristas, público, autoridades) no están satisfechos ni orgullosos de la televisión nacional de señal abierta que tenemos. Incluso algunos están muy molestos con esta situación. Es decir, la televisión nacional no es en absoluto un motivo de satisfacción de los peruanos, como hoy día sí lo son, por ejemplo, nuestra cocina o nuestros monumentos arqueológicos. La televisión nacional podría ponerse como ideal conseguir lo mismo, es decir, que venga gente de fuera del país a disfrutarla y a aprender de nosotros cómo se hace buena televisión, al igual que viene a apreciar nuestra cocina y nuestra memoria arqueológica. Ahora estamos muy lejos de eso, pero no es imposible.
La segunda es que los principales responsables de la producción y de la programación de la televisión, que son los empresarios, los productores, los conductores, no conocen ni tienen presentes cotidianamente los deberes legales impuestos por la normativa oficial, ni por los códigos de ética aprobados por sus mismas empresas. La búsqueda de la audiencia o del rating —es decir, del dinero que proviene de la publicidad, lo cual es legal y legítimo por cierto, si se hace cumpliendo las reglas— es el factor que hoy domina toda la actividad y ahoga cualquier otro propósito.
La tercera conclusión es que en la televisión nadie sabe o no quieren saber que el último párrafo del artículo 14 de la Constitución dice que “los medios de comunicación social deben —no es algo opcional o libre— colaborar con el Estado en la educación y en la formación moral y cultural de la nación”. Esta norma es obligatoria para todos los medios de comunicación social y para todos los programas, a cada uno según sus peculiares características. Si son de entretenimiento, noticioso, culturales, etcétera, tendrán que cumplir dicho mandato de diversa manera. Pero nadie está excluido, como ahora creen y afirman algunos productores, guionistas, artistas, empresarios, de acatar y aplicar el mandato constitucional. Este no rige solo para los medios estatales y educativos y para sus programas.
La cuarta conclusión es que parece que nadie ha entendido lo que según la ley y el reglamento significa el horario familiar y las franjas de protección al menor y del adolescente. Hay una confusión total por parte de las autoridades del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, los empresarios y los denunciantes. Todos aplican las disposiciones en forma equivocada, pues creen que el horario familiar es sinónimo del horario de protección al menor y la investigación pretende haber probado que están equivocados. Lo explico en el libro largamente y me remito a ello, pues este punto es clave, ya que casi todas las denuncias vienen por esta confusión. La normativa legal señala que el horario familiar va desde las 06.00 horas hasta las 22.00 horas. Dentro de ese horario no se puede pasar nada violento, obsceno y contrario a los valores sociales. Pero, dentro de ese horario, los medios pueden (no deben) en aplicación de la política de autorregulación ética a la cual da preeminencia el legislador, establecer franjas horarias para distintos públicos, con criterios éticos y con claras advertencias. Esto es completamente legal, pues sería absurdo suponer que durante dieciséis horas toda la programación debe ser para menores de 14 años en la televisión peruana. ¿Y a qué hora pueden ver la televisión los jóvenes y los mayores? ¿Durante la medianoche? Eso no sucede en ninguna parte del mundo. Y aquí tampoco lo manda la ley. Pero, ojo, el sistema legislativo peruano de franjas horarias supone que hay un gremio empresarial y artístico sumamente responsable manejando la televisión y hasta ahora este no manifiesta su existencia.
En cuanto a los televidentes, ¿qué se puede esperar de ellos que le dan sintonía o rating a los programas de televisión más exitosos, los cuales también suelen ser los más criticados?
La mayor parte de los televidentes mantiene una actitud que es calificada por los empresarios y productores (y muchas veces con razón) de doble moral o de hipocresía. Muchas veces los consumidores critican la programación televisiva, pero la ven. No hay suficiente coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. Obsérvese que en diez años de vigencia de la ley de radiotelevisión solo dos o tres ciudadanos han planteado denuncias contra los contenidos de la televisión (los señores Vignolo y Chiu).
Lo mismo puede decirse de la pasividad de las entidades representativas de los ciudadanos, incluso de las que defienden sus derechos de comunicación. Estas instituciones también critican ardorosamente la televisión en declaraciones, eventos y publicaciones; pero en los diez primeros años de vigencia de la Ley de Radio y Televisión solo dos o tres (como Valores Humanos o Lundu) han planteado acciones o denuncias eficaces y efectivas y han logrado que se sancione a las televisoras que infringen las reglas legales y éticas vigentes. Aunque, como he dicho antes, están equivocados en la interpretación sobre lo que es el horario familiar y el horario de protección al menor, tanto los reguladores, como los regulados.
Ha sido hace poco que los colectivos de jóvenes han salido a reclamar por lo que llaman “televisión basura”, pero no parece hasta ahora que su posición esté derivando en acciones eficaces y efectivas que repercutan verdaderamente en un cambio de la televisión.
Hay que tener bien claro que si no cambia el público, la televisión tampoco lo hará. La televisión es lo que es porque en gran parte nuestra realidad social, política y económica la ha gestado, se expresa a través de ella y la mantiene. Por tanto, la tarea reeducativa tiene que emprenderse y desarrollarse con seriedad y nos involucra a todos. Obviamente, los anunciantes son de los que tienen “la sartén por el mango”, pues si ellos no financian determinados programas y sí financian otros, contribuirán de manera sustantiva y en un plazo más corto a la reforma televisiva. También si el público se organiza y empieza a boicotear programas y a no consumir los productos de los anunciantes que los financian, jugarán un rol relevante. Y, por supuesto, las autoridades oficiales que nunca dicen nada respecto al incumplimiento masivo y constante de los objetivos de la Ley de Radio y Televisión.
¿Cuáles son las principales tareas pendientes de los canales de televisión o de los empresarios de televisión en el terreno de la ética?
Son muchas. Una de ellas es prestar atención a la ética, brindarle verdadera atención a la materia. No basta con tener códigos de ética, si no se estudian, revisan, discuten, se exigen e incluso se modifican y mejoran constantemente, trabajando todo ello dentro de sus empresas y con todo su personal. Desde hace tiempo y hasta ahora, cada conductor, asistente o animador se dispara como quiere. No hay gerencia ética. De nada sirven los códigos éticos si no se entrena al personal al respecto.
Los códigos éticos deben estar sujetos a una evaluación periódica como se hace en las empresas de otra índole. Imaginen una empresa que no examina constantemente cómo van las compras, las ventas, las finanzas, la administración, las relaciones laborales, la legislación vigente, etcétera. Sería un desastre. Pues igual pasa con los códigos de ética. Ellos no van a producir automática ni mecánicamente una conducta acorde con los principios, reglas y valores que los mismos empresarios han consignado voluntariamente en ellos si no se trabaja permanentemente para lograrlo.
De la misma manera que las leyes no producen justicia automáticamente, tampoco los códigos de ética empresariales producen automáticamente conductas ni comportamientos éticos si nadie se ocupa de ello. Y eso es lo que pasa con más notoriedad desde hace veinte años a la fecha. La corrupción televisiva de la época de Fujimori puso dramáticamente en evidencia el decaimiento ético y legal del sector empresarial y profesional de la televisión y este ha seguido, pero ahora se manifiesta de otra manera.
¿Cuál debe ser la posición o el papel del Estado en el tema de la vigilancia o regulación ética en los medios de comunicación televisivos?
Hay que reconocer claramente que el modelo legislativo adoptado por la Ley de Radio y Televisión N.° 28278 aprobada en junio del 2004 se sostiene prioritariamente en la autorregulación privada de orden ético y subsidiariamente en la regulación y actuación del Estado. Por todo esto, y además por su frecuente desidia, el Estado no solo ha brillado por su ausencia en lo que atañe a la televisión, sino que es un cómplice de la situación. Esa es la verdad. Lo demuestro con algunos puntos.
Primero, no hay ministro o viceministro de comunicaciones que se haya ocupado de la televisión. ¿Alguno los ha oído hacer una declaración al respecto, tomar una posición ante el debate y las denuncias, dictar una medida importante para que la ley se cumpla? Son temas vedados para las autoridades del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Hablan de telecomunicaciones, de telefonía, pero no del medio masivo que más llega a la gente. Como he dicho siempre, no solo hay un temor de los políticos y funcionarios hacia los medios, sino un verdadero terror. No se puede decir que los funcionarios de tres gobiernos (Toledo, García, Humala) han abandonado la legislación y la política sobre la televisión, sino que nunca la han asumido. La Ley de Radio y Televisión no les interesa. Solo el CONCORTV que está formado por nueve ciudadanos elegidos por sus gremios hace lo poco que puede, gratis y casi sin apoyo oficial relevante.
En segundo lugar, cuando el ministerio preparó y aprobó el reglamento de la ley en el año 2005, introdujo una serie de normas y mecanismos que hacen engorroso, si no inútil completamente, el procedimiento de reclamo contra los contenidos no éticos de la televisión. Se impuso ilegalmente (pues la ley no lo dice) que el ciudadano tiene primero que ir al mismo empresario a reclamar y solo si no le dan la razón, generalmente en un largo tiempo, recién puede ir al ministerio con su denuncia. Esta norma reglamentaria, aprobada por el ministerio, viola el sentido y letra de la ley y es en gran parte la causante de la situación de anomia, legal y ética, que sufre la televisión. El ministerio debe corregir esta disposición reglamentaria.
Asimismo, las autoridades deben exigir el cumplimiento de todas las reglas consignadas en la ley y en el reglamento, lo que hasta ahora no hacen. También deben propiciar que se efectúen las modificaciones legislativas necesarias para que el modelo de autorregulación ética televisiva se vuelva eficaz y efectivo, es decir, que se cumplan las normas legales y éticas y se alcancen los fines que se esperaban al promulgarlas: que la televisión contribuya a la formación de una nación educada, culta y moralmente digna.
