Rosana Choy Vessoni, decana de la Facultad de Psicología de la Universidad de Lima, señaló que la participación del psicólogo en entornos periciales y de índole legal se encuentra en pleno auge, y para facilitar el trabajo en el campo forense es necesario brindar las herramientas teórico-prácticas que permitan a los psicólogos desempeñarse en las áreas penal, civil, laboral, familiar, entre otras, así como desarrollar los perfiles de víctimas y victimarios, y trabajar en la prevención del delito.
Esta afirmación la realizó durante el I Seminario Internacional de Psicología Forense, organizado por la Facultad de Psicología de la Ulima, que se desarrolló de forma presencial y virtual el 26 de noviembre. Durante la apertura del seminario, la decana agregó:
“El contexto actual del país, en materia de inseguridad ciudadana, de feminicidios, de violencia familiar y sexual, custodia legal de menores, entre otros temas, requiere de profesionales capacitados que puedan comprender y explicar el comportamiento humano cuando se encuentran en el papel de víctimas, victimarios o testigos. Los determinantes sociales y las diferentes variables psicológicas de dichos actores deben ser consideradas en la toma de decisiones y planificación de intervenciones, con la finalidad de reducir los riesgos y evitar el incremento de casos en nuestra realidad nacional. Por eso, contar con espacios como este, en donde se pueden adquirir conocimientos a través de ponencias de expertos sobre temáticas específicas del área y que doten de conocimientos, casuística y evidencia en competencias para fomentar el ejercicio profesional, favorece el interés por el desarrollo de futuros especialistas que aporten a la sociedad y contribuyan con el desarrollo de la disciplina y del país”.
Abriendo las exposiciones, José Antonio Neyra, juez de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, habló sobre la intervención del psicólogo en la cámara Gesell (un espacio físico con dos ambientes separados por un vidrio de visión unilateral) en la entrevista de presuntas víctimas de delitos sexuales como prueba anticipada en el proceso penal y la psicología del testimonio. Neyra apuntó que, en nuestro país, la información del psicólogo es fundamental, porque no solamente se va a limitar a ser el facilitador de la declaración que se va a prestar sino que, una vez que entrevisten, se va a realizar una evaluación psicológica a la menor, se redactará un informe que será tomado en cuenta por el fiscal y el defensor del imputado. Uno de los problemas encontrados fue que no hay muchas cámaras Gesell ni psicólogos en el Poder Judicial, y la gran carga de casos hace que se sigan realizando en cámaras Gesell y con psicólogos del Ministerio Público. Concluyó que existe la necesidad de impartir cursos de Psicología del Testimonio en nuestro país. Actualmente, no existen.
Ada María Montenegro Villegas, conciliadora extrajudicial del Ministerio de Justicia, se encargó de la ponencia “Ética en la actuación e informe de la pericia psicológica de parte”, en la que habló sobre la diferencia entre evaluación clínica y forense, siendo voluntaria la primera y la segunda por mandato del juez; la prueba pericial y el informe psicológico forense; la prueba pericial psicológica en los códigos procesales civil y penal; la pericia de parte; la elaboración del informe pericial psicológico de parte; consideraciones básicas acerca de la credibilidad del testimonio; ética y pericia psicológica; y código de ética y deontología del Colegio de Psicólogos del Perú: artículos a considerar en la pericia psicológica. Ella señaló que el psicólogo tiene la responsabilidad de los casos que se le confían, para poder ayudar a los jueces en los puntos controvertidos que estos muchas veces no pueden esclarecer.
A su turno, Gabriel Alberto Letief, secretario de la Asociación Argentina de Psicología Jurídica y Forense, expuso la ponencia “Niños, niñas y adolescentes con problemáticas de impulsividad: una intervención posible”, en la que habló del dispositivo interdisciplinario de atención a niños, niñas y adolescentes (DIANNA), consistente en un programa de supervisión en territorio, que incluye a adolescentes infractores o presuntos infractores de la ley penal, y son dispositivos de aplicación de una medida restrictiva de la libertad; establecimientos de restricción de la libertad, denominados residencias socioeducativas; y establecimientos de privación de la libertad, centros socioeducativos con un régimen cerrado.
Nore Ofelia Chuquiray Castañeda, psicóloga forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) del Ministerio Público, estuvo a cargo de la exposición “Evaluación y elaboración del informe psicológico forense en víctimas de violencia familiar acorde a la Ley N° 30364”, en la que dijo que se debe determinar la ausencia o presencia de afectación psicológica a través de un diagnóstico clínico o descripción psicológica forense (signos y síntomas) compatible con el motivo de evaluación, donde se analizarán los hechos denunciados; determinar el tipo de rasgos de personalidad en adultos, y en menores el desarrollo socioemocional; identificar los factores de vulnerabilidad y/o factores de riesgo que puedan agudizar el impacto del evento violento en su estado psicológico; y que las recomendaciones deben guardar coherencia con las conclusiones y el contenido del informe psicológico.
Para la segunda parte del evento, Fernando Salinas, psicólogo y coordinador de programas en los centros juveniles del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se encargó de la ponencia “Evaluación y tratamiento en menores infractores”, señalando que existen factores de riesgo que aumentan la probabilidad de que los jóvenes presenten conductas delictivas, como el prenatal (madres de niños y jóvenes que experimentaron dificultades en el embarazo), problemas cognitivos en la infancia, dificultades en el interior de la familia, antecedentes de antisocialidad dentro de la familia, familias monoparentales o vínculos inseguros de niños con sus padres.
Juan José Danielli Rocca, psicólogo forense y docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, realizó un análisis psicológico de la escena del crimen, un espacio físico que guarda indicios y evidencias que, llevados al laboratorio y trabajados profesionalmente, puedan esclarecer el hecho criminal, pero que también nos da pistas de la psicología de la víctima y del victimario, por las características de la misma o por la violencia con la que actuó el criminal.
A su turno, Ana María Righetti, supervisora técnica en el Centro de Reinserción Social de Gendarmería de Chile, expuso “Evaluación de competencias parentales”, en la que apuntó qué competencias debe tener el profesional de la psicología en este ámbito y qué aporte entrega la evaluación de habilidades parentales. Ella afirmó además que el procedimiento pericial se debe basar en el interés superior del niño; que los datos, las interpretaciones e inferencias deben ser desde un trabajo científico; y que el procedimiento pericial conlleva una gran responsabilidad, por lo que se debe basar en estándares éticos y científicos.
Yeni Cruz Manrique, perito particular en psicología jurídica y criminológica por el Poder Judicial del Estado, el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura de Yucatán, estuvo a cargo de la ponencia “Victimología forense: la evaluación y el tratamiento de la víctima en delitos violentos”. La psicóloga forense señaló que la victimología (el estudio de la víctima) aplicada al ámbito forense analiza el proceso de la victimización a partir de las condiciones sociales y del entorno, y continúa por los efectos. Agregó que hay que tomar en cuenta que el perfil de una víctima de violencia es imposible de homogenizar; evitar el uso de etiquetas desde un enfoque de género (como el uso de términos como “crimen pasional”) y evitar reducir la explicación del delito de alto riesgo a trastornos mentales del victimario o a los antecedentes de la víctima.
Finalmente, Miguel Ángel Vallejos Flores, decano del Colegio de Psicólogos del Perú, cerró el evento con su ponencia “La importancia de la formación de psicólogos especialistas”, quien resaltó la importancia de colegiarse para evitar posteriores problemas. Vallejos señaló que, para el ejercicio de la profesión en cualquier lugar del territorio nacional, se requiere título profesional universitario de psicólogo o licenciado en psicología, a nombre de la nación; los títulos obtenidos en universidades extranjeras deberán ser revalidados por el organismo competente conforme a Ley Registro y habilitados por el Colegio de Psicólogos del Perú”.
