Como parte de su Programa Nacional de Promoción de la Responsabilidad Social Empresarial, Perú Responsable, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, con el apoyo de la Universidad de Lima, organizó el I Foro de Responsabilidad Social Empresarial el 14 de octubre de 2015 en el Auditorio ZUM. El evento contó con expositores de los sectores público y privado, y logró reunir, en un mismo espacio, a diversos actores involucrados con la mejora del empleo, la empleabilidad y la capacidad de emprendimiento de todos los peruanos.
Óscar Quezada, rector de nuestra Universidad, inauguró el foro recordando que la responsabilidad social no es filantropía, ni se opone a la rentabilidad de las empresas, sino que la optimiza. Por su parte, Daniel Maurate, ministro de Trabajo y Producción del Empleo, anunció que el Estado está muy interesado en caminar de la mano con el sector privado para elaborar políticas que favorezcan a las poblaciones vulnerables. Para culminar la inauguración, Rossana Taquía Gutiérrez, coordinadora ejecutiva de Perú Responsable, dijo sentirse optimista por lo avanzado en materia de responsabilidad social, pero aseguró que aún falta trabajar mucho más.
Trabajo sectorial
La misma representante de Perú Responsable dirigió la primera mesa, titulada “Contribución de la empresa privada al desarrollo económico sostenible y la competitividad del país”, en la que los gerentes generales de Termochilca, Responde y Renzo Costa contaron sus experiencias en responsabilidad social. Por ejemplo, Marina Bustamante, gerente de Renzo Costa, dijo que la empresa cuenta con el programa Renzo Costa Piensa en Mí, dirigido a la contratación de personas con habilidades diferentes. Actualmente, el 12 % de personal de esta empresa es no oyente. Asimismo, tiene el programa Manos Invencibles, que busca la reinserción a nuestra sociedad de jóvenes presos. En una primera etapa, la empresa capacitó a 41 internos del penal de Ancón para la producción de artículos de cuero como llaveros, agendas, billeteras y morrales. Dado el éxito de esta experiencia, el programa también se extendió al pabellón de mujeres. A su turno, los panelistas de esta mesa también comentaron los avances en responsabilidad social en el país. Kelly Sánchez, jefa de redacción de la revista Stakeholders, enfatizó que el sector extractivo tiene un trabajo muy minucioso que realizar; mientras que Marco González, director latinoamericano de Corresponsables, detalló cómo estos temas se han abordado en Europa, donde luego de la crisis económica se ha empezado a hablar cada vez más de derechos humanos y empleo digno.
Luego, la segunda mesa, “Lineamientos de responsabilidad social para las empresas del sector público”, se enfocó en los desafíos que afrontan las entidades vinculadas al Estado, específicamente en el caso de Perupetro, Electroperú, Sedapal y el Banco de la Nación. Representantes de estas instituciones expusieron sus proyectos, como Sedapal Educa, que busca que los trabajadores de dicha empresa culminen sus estudios de forma gratuita, o los desarrollados por el Banco de la Nación, orientados a la inclusión financiera, por ejemplo a través de capacitaciones en lengua awajún.
Manuel Heredia, gerente de Gestión y Administración de Finanzas de Cáritas del Perú, y Mónica Vásquez del Solar, directora de país de la ONG NESsT Perú, conformaron la mesa “Impacto de los proyectos del responsabilidad social de las ONG frente a las demandas sociales al Estado y al sector privado”. En ella, Heredia resaltó que las ONG deberían volcar su experiencia hacia el Estado y hacia las empresas privadas para desarrollar proyectos en conjunto. Por otro lado, Del Solar destacó la importancia de que el impacto de las políticas de responsabilidad social sea medido con los indicadores adecuados. Tras sus intervenciones, se cerró un primer bloque luego de un fructífero intercambio de ideas y experiencias.
Avance articulado
El segundo bloque se inició con la cuarta mesa, “Incorporación de la responsabilidad social en los planes de desarrollo local y regional concertado”, en la que participaron Mary Soto, representante de la Municipalidad de Ate; Carlos Contreras, gerente de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Miraflores, y Luis Colonia, subgerente de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Huánuco. Además de las autoridades ediles, Marco Hurtado, coordinador de promoción e implementación de instrumentos y servicios del Ministerio de la Producción, intervino recalcando la importancia de fomentar que las empresas y los municipios elaboren diagnósticos de sus empresas proveedoras, usualmente más pequeñas, con el objetivo de subir sus estándares y así empujarlos hacia la formalidad. Una experiencia de ese tipo es conducida por Colonia, quien comentó acerca de la capacitación en estos temas que su oficina ofrece a universidades y personal municipal de la Región de Huánuco. De igual forma, Contreras expuso el plan de su municipio para mejorar la calidad de vida de sus habitantes durante todo su ciclo vital, fomentando la salud, la accesibilidad y el emprendimiento en niños, adultos y ancianos. Finalmente, Soto comentó que todas estas iniciativas son buenas, pero que deben articularse para que no sean políticas aisladas.
Posteriormente, Diego de la Torre, presidente de la Red del Pacto Mundial, y Juan Diego Ruiz, coordinador general de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) fueron los expositores de la mesa “Alianza estratégica: Estado-empresa-cooperación internacional-sociedad civil para el cumplimiento de los ODS”. En ella, Ruiz analizó cómo se fueron cumpliendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos por Naciones Unidas y cómo nos preparamos para afrontar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que son las nuevas metas para los próximos 15 años. Además, insistió en la importancia de la formalización para nuestro crecimiento, opinión compartida por De la Torre, quien añadió que el sector privado viene trabajando silenciosamente en ese sentido.
La sexta mesa, “La responsabilidad social empresarial como instrumento para la reducción de la pobreza”, contó nuevamente con Rossana Taquía, quien estuvo acompañada por Marco Vinelli, director ejecutivo de Agrorural, Marco Alegre, director ejecutivo del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif), y Alfredo Tejada, subdirector de Trabajo y Comercialización del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe). Taquía empezó por reconocer que desde el Estado no se ha avanzado en muchas cosas por falta de articulación, pero el programa Perú Responsable es una forma de corregir esto, pues viene siendo sistematizado para ser aplicado por la siguiente gestión gubernamental. En ese sentido, Vinelli destacó los proyectos de reforestación e inserción comercial que se vienen impulsando desde su institución, teniendo siempre claro que “más que dar pescado, debemos enseñar a pescar”, visión que comparte Alegre, quien añadió que, por ejemplo, en el caso de las personas con discapacidad, el Estado debe procurar insertarlos a la sociedad, además de proporcionarles alimentación y otros servicios básicos. Complementando lo dicho desde la experiencia del Inpe, Tejada recordó que las políticas de seguridad ciudadana, además de comprender la prevención y la sanción de delito, deben enfocarse también en la rehabilitación del interno y su proceso de reinserción social.
Construcción de la ciudadanía
Dos mesas cerraron el foro: “Construcción de ciudadanía: el desafío de las universidades frente a la responsabilidad social universitaria” y el “Rol del Estado en la promoción de la responsabilidad social generadora de desarrollo sostenible”.
La primera tuvo como expositores a Elsie Bonilla, jefa de la Oficina de Planificación de la Universidad de Lima, y François Vallaeys, director del Centro de Ética Aplicada de la Universidad del Pacífico. Bonilla consideró de suma importancia reflexionar acerca de lo que significa ser un ciudadano eficaz, por ello explicó que lo que busca la Ulima es desarrollar en sus alumnos competencias que les permitan plantear soluciones que impacten de manera positiva en la sociedad. En esa línea, Vallaeys consideró que se deben buscar soluciones, pero, en primera instancia, la labor de la universidad es visibilizar los problemas. “Los científicos están en la primera línea de la responsabilidad social”, añadió. Bonilla, además, agregó que la universidad es un lugar donde iniciativas y políticas públicas que promueven la responsabilidad social deben ser difundidas, analizadas, comprendidas y criticadas. En ese sentido, Vallaeys comentó que “parte de las tareas evaluadas en la universidad deberían ser soluciones de problemas sociales, tanto dentro, como fuera de la universidad”.
La segunda mesa contó con Javier Iguíñiz, secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), y Jordy Vílchez, coordinador de Sistemas y Herramientas para la Investigación Estratégica y Prospectiva del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplán). Para Iguíñiz, el término sostenibilidad alude a que quizá es bueno que las cosas se sostengan. ¿Pero cuáles?, se preguntó. Los ODS planteados por las Naciones Unidas son un instrumento para fijar las áreas en las que conviene enfocar la sostenibilidad. Y esto es importante, según Vílchez, porque debemos encontrar una forma de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras. Por ello, el Ceplán busca que los objetivos nacionales estén en sintonía con los ODS y ODM. Pero para que esto se cumpla, explicó Iguíñiz, el Estado tiene que tener muy claro su papel: el de generar alianzas entre el Estado, las empresas y la ciudadanía. “La responsabilidad social incluye cambiar el contexto y las leyes, no solo acatarlas, que no es poco en el Perú”, dijo, mientras que Vílchez finalizó diciendo que debemos romper aquellas fuerzas que nos llevan por inercia hacia ciertos caminos que van en contra de nuestros objetivos.
