Inteligencia artificial y ‘big data’ para acelerar la resolución en primera instancia de los procedimientos administrativos en materia de consumo

Vivimos en un mundo de datos creados, acumulados, almacenados de formas variadas: textos, cifras, imágenes, gráficos, audios… Es inimaginable la cantidad de datos que cada sujeto genera día a día. Por eso, ahora hablamos de macrodatos (big data) para referirnos a esa ingente cantidad de datos estructurados (generados por instituciones públicas o privadas; los bancos, por ejemplo) y no estructurados (como los creados en las redes sociales o en WhatsApp, datos que mandan los satélites, imágenes de cámaras de seguridad, etcétera).

Vivimos, como diría Xavier Duran (2019), en el Imperio de los Datos. El día de hoy, aquel que logre procesarlos puede “conseguir más conocimiento para gestionar la vida pública, para ayudar en la vida privada y para hacer negocios” (p. 26). De allí que la frase de William Edwards Deming (1900-1993), hoy más que nunca, cobre vigor: “Without data, you’re just another person with an opinion” (European Training Foundation, 2018).

El procesamiento de los datos se logra por medio de algoritmos, los cuales consisten en conjuntos de instrucciones ordenadas que permiten resolver o afrontar un determinado problema u operación. Pero su utilidad no termina allí. Los algoritmos también pueden realizar predicciones o identificar patrones y tendencias de forma rápida y precisa. Para ello se requiere de un sistema de inteligencia artificial (IA).

Pero ¿qué es la inteligencia artificial? Estos términos parecen salidos de películas de Hollywood, en las que veíamos robots inteligentes o programas informáticos que se anticipaban a la comisión de delitos y permitían evitarlos capturando a los culpables antes de la infracción. Esa realidad nos parecía tan lejana… Sin embargo, al día de hoy, forma parte de nuestra vida cotidiana.

La IA está entre nosotros. Permite la creación de programas y mecanismos con comportamientos considerados inteligentes, porque razonan y “piensan como seres humanos” (incluso mucho mejor, con más rapidez, precisión y exactitud). Piénsese, por ejemplo, en Siri, capaz de procesar lo que le decimos con la voz y respondernos como un asistente personal. O en Facebook y Google Fotos, que reconocen imágenes y nos sugieren cómo etiquetarlas y agruparlas. Amazon, por su parte, nos recomienda comprar productos nuevos a partir de nuestro comportamiento de compra, mientras que Waze nos sugiere adónde girar el volante en tiempo real.

Dentro de las técnicas que utiliza la IA para analizar big data, se encuentran el aprendizaje automático, el aprendizaje profundo y el análisis predictivo. Todas estas técnicas tienen diferentes aplicaciones, sobre todo en el campo empresarial.

En el campo médico, se utiliza la técnica del machine learning para analizar e interpretar imágenes que permitan extraer información clínica útil. La IA sirve para entender el desarrollo del cerebro, mejorar el diagnóstico de pacientes con demencia o daños cerebrales o para diagnosticar enfermedades cardiovasculares; también para detectar malformaciones en el feto (Proyecto iFind del Hospital St. Thomas de Londres). Es una realidad: la IA se viene utilizando en el diagnóstico y el tratamiento de patologías humanas.

Pero las ventajas del uso de la IA no se limitan solamente al campo médico, sino que se extienden a otros ámbitos, entre ellos el legal. En España, las administraciones públicas se valen de la inteligencia artificial para la personalización de servicios a partir del análisis de los datos de los ciudadanos y del comportamiento de otros usuarios (Martínez Nadal, 2019).

Y, puestos en el ámbito de la administración de justicia, ¿podemos pensar en jueces robot?

Esta es la pregunta que ha inspirado nuestro proyecto de investigación. Con el apoyo de un investigador experimentado de la Universidad del Pacífico y de asistentes estudiantes de ingeniería informática y derecho, nos hemos propuesto demostrar que es posible crear un robot juez que, en el marco de un procedimiento administrativo sancionador en materia de derechos del consumidor, logre resolver los conflictos entre consumidores y proveedores en primera instancia. Ello permitiría dejar a las Salas Especializadas en Protección al Consumidor la labor de resolver en última instancia los recursos de apelación.

Las ventajas apuntan a la celeridad en los procedimientos, a la precisión en las decisiones, a la exactitud en los cálculos de los montos por devolver o las multas que imponer. ¿Y en cuanto a las desventajas? Se han discutido en doctrina y en múltiples foros las cuestiones éticas que giran en torno al uso de la tecnología en labores típicas humanas, lo relacionado a los sesgos y eventuales tendencias discriminatorias; sin embargo, como todo hecho humano, puede estar sujeto al error y a la corrección.

La IA ya no es el futuro, es el presente. En la medida en que podamos servirnos de ella para agilizar acciones o actividades humanas, sujetas, naturalmente, a control y revisión permanente, puede resultar útil para la sociedad en general.

Referencias

Duran, X. (2019) El imperio de los datos. El Big Data, la privacidad y la sociedad del futuro. Valencia: PUV Càtedra de Divulgació de la Ciència.

European Training Foundation. (16 de diciembre de 2018). “'Without data, you’re just another person with an opinion', W. Edwards Deming”. https://www.etf.europa.eu/en/news-and-events/news/without-data-youre-just-another-person-opinion-w-edwards-deming

Martínez Nadal, A. (2019). ‘Big data’, ‘cloud computing’ y otros retos jurídicos planteados por las tecnologías emergentes. Cizur Menor: Editorial Aranzadi.