Universidad de Lima

Como aficionado a la tecnología, uno de los temas que dominó mis feeds en redes sociales desde finales del año pasado fue el lanzamiento público y gratuito de ChatGPT, herramienta desarrollada por OpenAI, compañía americana especializada en investigar y desarrollar inteligencia artificial, fundada por Sam Altman y Elon Musk, entre otros.

Como se sabe, el artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta (LIR) establece la obligación de los contribuyentes que generen rentas de tercera categoría de efectuar pagos a cuenta, conforme a los sistemas detallados en la norma.

Como se recordará, con fecha 27 de diciembre de 2021 se publicó en El Peruano la Ley 31380, con la cual el Congreso de la República delegó en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, mediante decretos legislativos, entre otros, en materia tributaria, fiscal, financiera y económica, por un plazo de 90 días, el cual venció el 27 de marzo de 2022.

Empleando dichas facultades, se aprobó el Decreto Legislativo 1520, publicado el 31 de diciembre de 2021 y vigente desde el 1 de enero de 2022, el cual modificó la regulación de algunos aspectos de los tributos municipales.

En marzo de 2020 fuimos testigos de la inauguración de una nueva política pública desde el Congreso orientada a permitir el acceso anticipado a los fondos que se encuentran en las administradoras de fondos de pensiones (AFP). Esta política, implementada por los legisladores mediante la aprobación de leyes específicas en el contexto de la pandemia, se extendió hasta mayo de 2021 y parece querer reavivarse este 2022, situación que rompe completamente con el estándar de los sistemas de seguridad social basado en un ahorro exclusivo y obligatorio para la jubilación.

El 1 de diciembre de 2021, se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la Directiva del Country by Country Report público (CbCR público), o reporte público país por país, que fue aprobada el 11 de noviembre de 2021.

Ahora, los Estados de la Unión Europea cuentan con dieciocho meses para su transposición, y la Directiva indica que el primer informe público tendría que producirse en los ejercicios fiscales que comiencen a partir de dos años y medio después de la entrada en vigor.

A partir del 1 de enero de 2021, mediante la Ley 31110, se ha establecido un nuevo régimen para el sector agrícola, tanto de índole tributario como laboral (hasta el 2020 regía la normativa de la Ley 27360). En materia tributaria, se tienen beneficios como tasas reducidas del impuesto a la renta corporativo y de los pagos a cuenta del impuesto.

Ahora bien, a nivel de la Ley 31110 se ha establecido su alcance para:

Actualmente, se viene observando en la práctica que las fiscalizaciones de la Sunat se han intensificado en el sector agrario, lo que se explica ya que las empresas agrarias se han visto en menor medida afectadas económicamente por la pandemia, y el fisco tiene como objetivo incrementar su recaudación para hacer frente a los gastos públicos que la coyuntura amerita, siendo esta una de sus funciones establecidas según el Código Tributario (artículo 55).

El 25 de julio de 2021 se publicó en el diario El Peruano la Ley 31313, Ley de Desarrollo Urbano Sostenible. Esta norma faculta a las municipalidades provinciales a efectuar cobros a los propietarios de inmuebles que hubieran incrementado su valor del suelo por cualquiera de las siguientes razones:

El término seguridad social comprende todas las posibilidades de aseguramiento personal organizado por el Estado. El aseguramiento se da en tanto se recogen las contribuciones para generar un derecho a beneficios futuros. Se entiende entonces que los sistemas de pensiones se constituyen como un elemento central dentro de la cobertura de riesgos que puede enfrentar un trabajador a lo largo de su vida dentro del ámbito de la seguridad social.

Hace algún tiempo, un grupo de estudiantes me preguntó: “Profesor, ¿cómo así usted dicta cursos en la Maestría en Derecho Empresarial y en la de Tributación y Política Fiscal de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Lima? Sobre todo, con asignaturas tan disímiles”. Yo les respondí que en realidad no eran cursos tan distintos, y que los temas de buen gobierno corporativo y de fiscalidad tienen sendas que se cruzan y es importante que sean conocidas por las empresas.

El Tribunal Fiscal (TF) peruano, mediante la Resolución 03306-9-2020 (en adelante, la RTF), analiza si una sociedad residente en Chile arrendadora de equipos de telefonía califica como beneficiario efectivo (BE) que tendría derecho a aplicar la tasa límite de retención del 15 % negociada en el artículo 12 del Convenio para evitar la doble imposición (CDI) entre Perú y Chile, o si, por el contrario, se trataría de una sociedad instrumental interpuesta que no tiene derecho de aplicar los beneficios del CDI.

Según Fabiana del Padre Tomé, “la carga consiste en la necesidad de desarrollar cierta actividad para obtener determinado resultado pretendido. Su existencia presupone un derecho subjetivo de actuar, que puede, o no, ser ejercido” (2012, p. 255). Es decir, estamos ante un derecho subjetivo disponible, que es algo distinto de una obligación.

El pasado 7 de octubre fue publicada en el diario oficial El Peruano la Sentencia de Casación 12482-2019-LIMA, mediante la cual la Corte Suprema de Justicia se pronuncia sobre un caso referido a la interposición de multas por una supuesta infracción vinculada con los pagos a cuenta del impuesto a la renta. Cabe aclarar que no es materia del presente análisis la naturaleza de los pagos a cuenta, pues nos centraremos en el sentido del fallo y si resulta acorde con los criterios señalados previamente.

“Scientia potentia est” es un aforismo latino que incluyó Thomas Hobbes en su famosa obra Leviatán. Algunos entienden este aforismo como la “información es poder”. En todo caso, podemos convenir en que el acceso a la información nos permite mejorar en el logro de nuestros objetivos; y si hablamos de la administración tributaria, no cabe duda de que el acceso a la información adquiere mayor relevancia.

Los efectos devastadores de la actual pandemia en la salud y la vida de las personas tienen un correlato sin precedentes en la actividad económica de los países y de las empresas alrededor del mundo.

La economía mundial es cada vez más global. Los negocios digitales se ofrecen en los distintos países y el Perú no es ajeno a esta tendencia. Los servicios que se consumen todos los días son, por ejemplo, las plataformas Uber, Netflix, Amazon, entre otras.

Sentencia de la Corte Suprema del Perú

La Corte Suprema del Perú, en reciente sentencia, concluye que las rentas de los servicios satelitales son rentas generadas en el territorio peruano, para lo cual sostiene que los satélites usan “el segmento espacial para efectos de transmitir información a través del espectro radioeléctrico, por lo que el uso de la capacidad satelital constituye un bien intangible, sujeto a cesión o cualquier otra modalidad contractual” (fundamento 9.11. de la sentencia).

Como es sabido, las constituciones en el Estado constitucional reconocen con carácter implícito o explícito diversos valores, principios y derechos fundamentales, los que deben ser optimizados por todos los poderes públicos. Ordenar que algo sea optimizado significa que debe ser realizado en la mayor medida posible; es decir, que estos valores, principios y derechos fundamentales son vinculantes para los poderes públicos, los cuales deben orientar sus políticas y generar las condiciones necesarias para su efectiva realización.

En un post anterior, recordábamos qué son las reglas de subcapitalización:

En la enajenación indirecta de acciones, una persona o empresa (“A”), domiciliada o no en el Perú, enajena (transfiere el dominio en forma definitiva y onerosa) las acciones emitidas por una empresa no domiciliada (“B”), la que, a su vez, participa directamente o por intermedio de terceros, en una sociedad peruana (“X”).

Las reglas de subcapitalización son normas que limitan la deducibilidad de los gastos por intereses para efectos del impuesto a la renta y se aplican en forma supletoria al conocido principio de causalidad, estableciendo que, para que un gasto sea deducible de la base imponible del impuesto a la renta, es necesario que se encuentre vinculado a la generación de renta gravada o al mantenimiento de la fuente productora de dicha renta.

La orientación a través del correo electrónico sobre un servicio de soporte técnico que un usuario recibe por internet, ¿constituye la prestación de un servicio digital? Este es el dilema que tuvo que resolver el Tribunal Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas (TF) en su RTF 3271-3-2019 del 5 de abril de 2019, a raíz de que la Sunat cuestionó la retención de 15 % por concepto de asistencia técnica que un contribuyente había recibido de una empresa extranjera.