Universidad de Lima

En marzo de 2020 fuimos testigos de la inauguración de una nueva política pública desde el Congreso orientada a permitir el acceso anticipado a los fondos que se encuentran en las administradoras de fondos de pensiones (AFP). Esta política, implementada por los legisladores mediante la aprobación de leyes específicas en el contexto de la pandemia, se extendió hasta mayo de 2021 y parece querer reavivarse este 2022, situación que rompe completamente con el estándar de los sistemas de seguridad social basado en un ahorro exclusivo y obligatorio para la jubilación.

La crisis de la COVID-19 requería, por supuesto, atender a los peruanos mediante mecanismos de liquidez para enfrentar las necesidades que se suscitaron por la política de “coma inducido” que se aplicó al aparato productivo y que cortó el flujo de ingresos de familias y empresas, así como la atención de emergencias producto de las infecciones. Además de transferencias públicas mediante bonos, también se permitió el acceso a mecanismos de ahorro-aseguramiento orientados concretamente a atender riesgos específicos como el de la jubilación (AFP) o el de desempleo (CTS). Pero había que entender que esto debió haber cumplido con criterios de excepcionalidad y prudencia, que no descuidaran, en el caso de pensiones, el objetivo de la pensión para el retiro. Como ello no sucedió, al final la ola de cinco retiros anticipados de los fondos de pensiones no fue una política pública adecuada a todas luces.

Centrémonos en los criterios de prudencia, excepcionalidad y focalización que debieron haber primado cuando se planteó dar acceso anticipado a las cuentas individuales de las AFP. La prudencia implicaba no perder la atención en el mecanismo de ahorro a largo plazo para atender un riesgo como el de la vejez. Dar acceso excesivo de liquidez, como sucedió, fue claramente imprudente. La excepcionalidad, muy relacionada con el anterior criterio, implicaba que, ante la urgencia, se debía recurrir a lo planteado una única vez y por razón claramente justificada, cosa que tampoco sucedió. Y, en cuanto a la focalización, esta medida no ayudó a los que más lo necesitaban si tomamos en cuenta que se benefició fundamentalmente a los trabajadores formales, quienes tuvieron acceso a casi 20 salarios mínimos por retiro autorizado.

Los cinco retiros anticipados aprobados no contaron en ningún momento con la aprobación técnica de las instituciones relevantes en la materia, como el Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), y el Ministerio de Economía y Finanzas. Esta política pública, que no tuvo un análisis costo-beneficio que la sustentara, permitió que saliera del mecanismo de ahorro de largo plazo para la vejez el 8,1 % del PBI, es decir, prácticamente la tercera parte de lo que había antes de la pandemia.

Si bien muchos afiliados pudieron atender las necesidades urgentes, el retiro, evidentemente exagerado, no solo ha perjudicado el largo plazo (menos pensión), sino que también ha originado pérdidas inmediatas. Por ejemplo, si las personas utilizaron el dinero para emprender, lo más probable es que siete de cada diez casos hayan perdido completamente su dinero, como lo demuestra la literatura. Y, si alguien puso su dinero en una institución de ahorro diferente de las AFP, está ahora obteniendo una rentabilidad que en el mejor de los casos será la mitad que la que le brindaba su cuenta individual, lo que, visto en el tiempo, podría significar haber perdido dos terceras partes de capitalización. De acuerdo con la SBS, más de dos millones de personas han quedado sin un sol para las pensiones, mientras que los que han dejado algo en sus cuentas verán disminuida su tasa de reemplazo en aproximadamente la mitad. Esto significará costos fiscales futuros, sin ninguna duda, y costos para las próximas generaciones, que deberán solventar las finanzas de sus padres y abuelos que no tienen dinero para el financiamiento de su vejez, y por un período cada vez más largo, dada la mayor esperanza de vida.

Y lo anterior, lamentablemente, no lo es todo, pues los efectos negativos trascienden a todo el país, y no solo en cuanto al sistema de pensiones y a los afiliados al mismo. En efecto, hay abundante literatura que demuestra el impacto que tiene el ahorro privado a largo plazo para la jubilación en el crecimiento económico. Se estima que el ahorro en las AFP ha aportado al crecimiento económico del país 0,5 puntos porcentuales cada año durante las más de dos décadas que funciona el sistema. Un tercio de los fondos que ya salieron con los retiros aprobados en 2020-2021 ya ha recortado el efecto multiplicador de este mecanismo. Pero, a pesar de conocerse estos daños, el Congreso ahora insiste en aprobar políticas públicas similares. La SBS estima que los nuevos proyectos de ley de acceso a los fondos de las AFP podrían derivar en la salida de entre S/ 78.000 y S/ 85.000 millones, casi 10 % del PBI. Si esto sucede, estaríamos iniciando una clara debacle no solo de las pensiones, sino del futuro económico del país.