En marzo de 2020 fuimos testigos de la inauguración de una nueva política pública desde el Congreso orientada a permitir el acceso anticipado a los fondos que se encuentran en las administradoras de fondos de pensiones (AFP). Esta política, implementada por los legisladores mediante la aprobación de leyes específicas en el contexto de la pandemia, se extendió hasta mayo de 2021 y parece querer reavivarse este 2022, situación que rompe completamente con el estándar de los sistemas de seguridad social basado en un ahorro exclusivo y obligatorio para la jubilación.
