Universidad de Lima

El 12 de septiembre, en el Aula Magna B, tres docentes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, expertos en arbitraje, expusieron durante la conferencia “El contexto nacional del arbitraje”, organizada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, en la que ahondaron sobre la situación de ese tema en el país.

Carlos Ruska Maguiña señaló que, si bien ha existido un desarrollo del arbitraje en el país, ve con preocupación el futuro de este: “El 75 % de los arbitrajes en el país son los conflictos derivados de contrataciones con el Estado. Actualmente estamos en un limbo. En este gobierno se modificó la ley y se optó por la institucionalización del arbitraje. Es una buena opción, pero el problema que veo en este arbitraje particular es que teniendo un sistema de arbitraje obligatorio, y siendo el Estado el mayor contratante, optar por el arbitraje institucional es bueno si se hace de manera ordenada, de lo contrario se va a generar una serie de arbitrajes de todos los niveles y calidades posibles: no es lo mismo un arbitraje seguido en la Cámara de Comercio de Lima que uno seguido en la Cámara de Comercio de Ucayali”.

Para Gonzalo García Calderón Moreyra, quien abordó el futuro del arbitraje en el Perú, se está cometiendo un error en la forma con la que se está llevando: “El gobierno peruano ha decidido crear –y es el único país del mundo que lo tiene– el arbitraje obligatorio con el Estado, cuando en todas partes del mundo los arbitrajes en general son voluntarios. Si no aceptas esa propuesta, nunca celebrarás un contrato con el Estado. El arbitraje estatal está corroyendo el arbitraje privado”.

Finalmente, Franz Kundmüller Caminiti se sumó también al cuestionamiento sobre el manejo del arbitraje en el país: “Cuando se discutió la incorporación de la figura del arbitraje obligatorio en contratación pública, lo que preocupaba a los que tenían a cargo la gestión de los contratos del Estado era desembalsar la cantidad de procesos contencioso-administrativos que existía en el Poder Judicial, que demoraban de 15 a 20 años e implicaban un embalse de unos 3.000 a 4.000 millones de dólares que no entraban a la economía mientras no se decidieran esos procesos, y encontraron la solución en el arbitraje, que estadísticamente resolvía estos conflictos en seis meses. Ese era todo el tema; no les interesaba promover el arbitraje”, dijo, y finalizó asegurando: “Parece que en el Perú no sabemos qué hacer con el arbitraje”.