23 de Noviembre de 2011
Armonizar el derecho ambiental y el derecho minero
La revista de derecho de la Universidad de Lima, “Ius et Praxis”, realizó la conferencia “El derecho ambiental frente al derecho minero: conflictos socioambientales”
La actividad minera es uno de los principales pilares de la economía peruana y fuente innegable de desarrollo para nuestro país. Sin embargo, existen aún puntos de desencuentro entre el derecho ambiental, que vela por nuestro medio ambiente, y el derecho minero, a lo que se suma la discusión sobre lo que entendemos por licencia social y derecho de consulta. Gustavo Zambrano Chávez, con experiencia laboral en derecho de los pueblos indígenas y derecho ambiental; Emil Ruppert, socio y jefe de las áreas de Derecho Corporativo y Minería del Estudio Rubio Leguía Normand; Renán Herrera Concha, jefe del área legal en Corporación Agro Minera Industrial del Perú (CoaminPerú); y Anida Yupari Aguado, experta en derecho internacional ambiental aplicado a las industrias extractivas, expusieron y dialogaron acerca de estos temas en la conferencia “El derecho ambiental frente al derecho minero: conflictos socioambientales”, que tuvo lugar el martes 5 de julio en el Auditorio W.
El derecho a la consulta
Gustavo Zambrano Chávez abrió la primera mesa de debate resaltando la importancia del derecho a la consulta, el cual, entre otras cosas, deja en claro el deber del gobierno de “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”. Luego, Emil Ruppert sostuvo que “la consulta a la comunidad, en muchas ocasiones, está polarizada por intereses político-sociales. No se pueden esperar ni exigir más normas y reglamentos cuando no existe un Estado que se preocupe por hacer cumplir, en principio, los parámetros que ha dictado”.
La licencia social
La segunda mesa empezó con la participación de Anida Yupari, quien manifestó que “la licencia social es un requisito exigido por la comunidad, independientemente de los requisitos legales entre Estado y empresa. Dicha licencia implica el respaldo de la comunidad para que la empresa pueda operar mientras cumpla con las obligaciones asumidas, y supone un contrato social entre la empresa y las comunidades basado en las buenas prácticas que deben cumplirse para mantener una relación amistosa de buena vecindad”. Finalmente, para Renán Herrera, “el principal problema de la minería en el Perú es la ausencia de un plan o proyecto nacional a favor de la inversión minera. Este plan facilitaría la solución de los problemas generados con relación al concepto de propiedad, los conflictos sociales, el papel pasivo del Estado y el hecho de que los mineros no se apoyan entre sí”.
