Universidad de Lima

Carlos Baldeón Miranda, abogado por la Universidad de Lima, acaba de publicar su primer libro: La autorización de servicio público. Bases para una liberalización plena del sector telecomunicaciones. Esta publicación representa no solo su estrecho vínculo con el derecho regulatorio, sino que refleja su paso por la Universidad de Lima, donde aprendió, observando a sus profesores, la importancia de la investigación en el ejercicio de su vocación. 

¿Qué te llevó a estudiar Derecho y por qué en la Universidad de Lima? 
Desde pequeño me gustaba argumentar, cuestionar. Entraba bastante en discusiones, desde temas de casa hasta otros más relevantes entre amigos. Cuando finalicé el colegio y tuve que decidirme por una universidad, averigüé básicamente dónde se hallaban los egresados de la Universidad de Lima, que era lo que me interesaba. Vi que se desenvolvían en cargos importantes, ya fuera en empresas o entidades. Eso me llamó mucho la atención y también revisé la plana docente, que me decía que había profesores de mucha experiencia. Me generaba mucha expectativa ya entrar a Facultad, sentía mucha curiosidad. Recuerdo que también revisé la malla curricular, y aunque no sabía bien de qué trataba cada curso, me cautivó la variedad. Así que postulé, ingresé y fueron seis años increíbles.

¿Cómo te inclinas por el derecho regulatorio?
Cuando empiezo a practicar en un estudio de abogados, me ofrecieron la oportunidad de formar parte del área de derecho regulatorio, que es en lo que vengo desenvolviéndome hasta hoy. Llegué a esa área y me pareció tan interesante que luego empecé a estudiar cursos electivos de derecho regulatorio que había en la Facultad. Se produjo una retroalimentación entre el aspecto académico, porque en la Universidad se leía bastante sobre esos temas, y cómo lo fui aplicando en el terreno a raíz de mis prácticas preprofesionales y el resto de mi trayectoria. Creo que una de las claves para llegar lejos en esta carrera es lograr combinar de modo adecuado el aspecto académico y la práctica.

Cuéntanos acerca de los temas que ves actualmente como abogado del estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez.
Asesoramos empresas que prestan servicios públicos en diferentes industrias: en el área de saneamiento, infraestructura de transportes, telecomunicaciones, energía. Las empresas llegan con la necesidad de relacionarse con el Estado, y nosotros las asesoramos no solo en sus temas regulatorios, sino también en procesos de promoción de la inversión privada. Lo que más me gustó del derecho regulatorio es la capacidad del abogado de esta área de poder velar por los intereses de la ciudadanía o la colectividad que se va a beneficiar con estos servicios públicos, y dedicar atención a las necesidades del inversionista que aporta dinero para llevar a cabo proyectos. El derecho regulatorio se encarga básicamente de asegurar que estas empresas que brindan servicios públicos cumplan con las normas de cada sector y velar porque el Estado regule adecuadamente las actividades de las mismas. Me pareció interesante el hecho de combinar el aspecto privado de las propias empresas con el tema del derecho público en general, que está muy vinculado al Estado porque es el que finalmente regula estas actividades.

¿Qué tan importante es el aspecto social en tu trabajo?
Todo lo que decide el Estado es en función del interés público; por eso nosotros, como abogados del área regulatoria, también tenemos que cubrir ese aspecto. No solo se trata de concentrarse en el tema económico, lucrativo de las empresas, que igual es totalmente válido, porque estamos en una economía social de mercado, sino también preocuparse por el lado social, que responde a la pregunta de quiénes se van a ver beneficiados con estos servicios públicos o estos proyectos de infraestructura. Hay que tener muy claro siempre ese lado social.

¿De qué ha dependido tu éxito en el derecho regulatorio?
Considero que para que un abogado tenga éxito en estos temas es fundamental que le guste mucho investigar, ser incisivo, ver más allá de lo que parece evidente. No solo se trata de leer, sino anticiparse a lo que pueda decidir eventualmente tu contraparte. Las empresas vienen a buscarnos y no quieren un abogado que les diga lo que está establecido en la norma, porque ellos mismos lo pueden leer o cuentan con asesores que lo hacen. Lo que necesitan son abogados de derecho regulatorio que puedan adelantarse a lo que vaya a decidir la administración pública, que tengan conocimiento de cómo piensa la entidad, cuáles son sus prioridades, cuáles son los intereses actuales; que conozca, evidentemente, el sector, las normas del sector. Creo que representa un valor agregado establecer alguna estrategia global para llevar una buena relación con la entidad que le corresponda, y eventualmente saber ejercer acciones para poder reducir los riesgos, las contingencias que existen, como en toda actividad.

¿De dónde proviene tu interés por la investigación?
Desde que estudiaba en la Universidad siempre me ha gustado investigar, siempre mostré interés por leer más allá de lo que nos solicitaban, porque los mismos profesores te aconsejan que el éxito de un futuro abogado no solo se basa en ir a tus clases, acabarlas e ir a practicar; había que esforzarse más. Además, veía que los profesores de la Universidad investigaban y publicaban, lo que les otorgaba un mayor prestigio a ellos mismos y a la Facultad. Sin dejar de mencionar que profesionalmente el respaldo académico te da un plus. Así que yo observaba aquel fenómeno y trataba de imitarlo, de asimilar los pasos que ellos seguían y también emprenderlos. Me dediqué a investigar y recuerdo que, antes de finalizar la Universidad, se abrió un concurso en un círculo de estudios de otra universidad para presentar artículos de derecho. Como me interesó, elaboré un artículo en el que cuestionaba el actual régimen de concesiones del sector de las telecomunicaciones. Analicé por qué se continúa conservando este régimen cuando formamos parte de un esquema de liberalización, donde supuestamente se promueve la mayor entrada de operadores al sector de telefonía móvil, por ejemplo. Participé y felizmente gané; mi artículo se publicó y aquello representó una motivación muy grande.

¿Decidiste continuar investigando en torno a ese tema?
Me di cuenta de que el tema era interesante y de que daba para más, y fue así que decidí profundizar y elaborar un proyecto de tesis. En la Facultad te puedes graduar sustentando expedientes o elaborando una tesis, lo que puede resultar un poco más trabajoso y exigir mayor esfuerzo. Pero lo más complicado consistía en encontrar una problemática, y yo ya lo había hecho. Mi tesis fue un poco más allá en el tema y ya no se trataba solo de cuestionar aquel esquema, sino de ensayar una propuesta, una modificación; darle una orientación que más tarde me permitiera publicar un libro. Acabé la Universidad y la tesis me demoró un año y medio, porque durante esa época continuaba trabajando en otro estudio de abogados. La sustenté y el jurado tuvo a bien calificarla como sobresaliente, con mención summa cum laude, lo que me dio la oportunidad de publicarla. Como ya tenía todo el respaldo, el año pasado me dediqué a darle un formato de libro a la tesis, porque hay que cumplir con otros estándares, desarrollar un lenguaje más asequible, sin tantos tecnicismos. Entró a la imprenta en agosto del año pasado y apenas hace algunos meses ha aparecido la publicación, que se titula La autorización de servicio público. Bases para una liberalización plena del sector telecomunicaciones.

¿Qué aportes principales incluyes en el libro?
Cuando comencé a investigar encontré que en el Perú se había llevado a cabo el fenómeno de la liberación, que básicamente implicaba reducir las restricciones para ingresar al mercado. Hubo un tiempo en el que una sola empresa tuvo el monopolio, pero era porque el mercado se encontraba en una situación muy incipiente y se necesitaba el desarrollo de una infraestructura adecuada para que, más adelante, se generase la competencia. El proceso de liberación permitió que se abriera el mercado y, como hemos visto, llegaron varias empresas y existe la competencia. El problema que detecté es que se mantiene el esquema de la concesión para prestar servicios públicos. No me encuentro en contra de este esquema, en realidad es muy válido; pero respecto a la concesión de servicios públicos, y en el caso específico del sector de las telecomunicaciones, creo que hoy en día podemos utilizar otros títulos habilitantes mucho más flexibles y que permitan que otras empresas puedan llegar sin tantas restricciones. El esquema de la concesión es muy rígido porque la presencia del Estado es mayoritaria, ya que es el responsable de otorgar la concesión. Lo que propongo en el libro, luego de averiguar cómo funcionaba en otros sistemas jurídicos de otros países, es modificar este esquema de la concesión por uno de autorización. No se trata solo de un tema de nomenclatura, sino que tiene una naturaleza jurídica. Creo que la autorización representa un título habilitante mucho más flexible, dinámico y fácil de otorgar que la concesión, que debe ser finalmente perfeccionada a través de la celebración de un contrato muy complejo.

¿Cuáles son los beneficios de un esquema de autorización frente a uno de concesión?
Precisamente en mi etapa de investigación y de entrar en contacto con otras opiniones, la mayor crítica que hallé a mi propuesta, en personas conocedoras del tema, fue cómo se garantizaría la seguridad jurídica si es que no existe un contrato de concesión. Pues encontré que las necesidades actuales del sector de telecomunicaciones no van tanto por el tema de la seguridad jurídica, ya que hoy en día es poco probable que el Estado te vaya a revocar tu concesión o a patear el tablero y establecer reglas distintas. El sector funciona con cierta institucionalidad, hay entidades que operan correctamente en general, por ejemplo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Osiptel, que efectúa su actividad supervisora, fiscalizadora, reguladora. Así que creo que con una autorización todo puede ser mucho más dinámico y los consumidores podrían beneficiarse con una mayor oferta, ya que llegarán empresas que podrán ofrecer el servicio con una tarifa mucho menor. Creo que este libro podría aportar a la discusión de estos temas, porque no hay mucho desarrollo académico respecto de la autorización de servicios públicos, como sí existe en otros países.