Universidad de Lima

La abogada especializada en relaciones internacionales y comercio exterior Olga Ramírez Poggi es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima y ha sido parte de importantes eventos latinoamericanos, como jefa de la Misión de Observación de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Estuvo, por ejemplo, en el referéndum por los acuerdos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Entre otras problemáticas, se ocupa de analizar temas de crimen organizado y gobernabilidad. Y ofrece algunos comentarios sobre el caso sonado de la empresa Odebrecht y cómo ha remecido el mundo político.

¿Cuál es la situación en materia de seguridad en Latinoamérica?
Las amenazas son las tradicionales: el terrorismo y el terrorismo biológico, la delincuencia organizada transnacional, el narcotráfico, el lavado de activos, la pobreza extrema, los desastres naturales, etcétera. Estos problemas son prioridades para todo Estado y se deben definir estrategias, planes y acciones al respecto.

Estas amenazas que usted menciona son un problema compartido de los países…
Sí, e incluyen aspectos económicos, políticos, sociales, ambientales y de salud. Por ser de naturaleza transnacional, la cooperación en materia de seguridad y defensa entre Estados es indispensable para combatirla. Los Estados deben establecer sus prioridades y basarse en el análisis de la magnitud de la amenaza. Una forma de lograr la paz y la seguridad en el hemisferio consiste en fortalecer los acuerdos y mecanismos bilaterales y subregionales de cooperación en materia de seguridad y defensa.

En el caso del Perú, ¿cuáles son las principales amenazas para la seguridad?
Enfrentamos amenazas de diferentes tipos. La primera es la delincuencia organizada transnacional, como el lavado de dinero, el secuestro, el tráfico ilícito de personas, la corrupción… También tenemos problemas de años anteriores, que se han ido transformando, como el terrorismo, que se ha convertido en narcoterrorismo. No podemos dejar de mencionar el abuso sobre el medio ambiente y los recursos naturales, así como los desastres naturales, la inseguridad ciudadana, la falta de educación y la alta tasa de desempleo.

¿Podría mencionar un caso emblemático que implique alguno de estos problemas?
Lava Jato, por ejemplo, uno de los casos de corrupción más grandes de la historia de Brasil, en el que se han involucrado figuras de la política y el empresariado brasileños, incluso se produjo la destitución del cargo de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. El caso ha llegado a salpicar a políticos de otros países, como el Perú, donde operó Odebrecht, uno de los principales grupos económicos sujetos a todas estas investigaciones.

¿Cómo ve la repercusión en nuestro país?
Este caso ha llevado a la Fiscalía Nacional de la República a realizar investigaciones y a acusar al expresidente Alejandro Toledo por actos de corrupción, al recibir 20 millones de dólares de Odebrecht a cambio de favorecerla con la licitación de dos tramos de la Carretera Interoceánica. De la misma manera, la Fiscalía ordenó prisión preventiva para Toledo por el caso Ecoteva, en el que además estaban involucrados su esposa Eliane Karp, el empresario Josef Maiman, Avraham Dan On y Shai Dan On. El tema de Odebrecht ha tocado también al presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien casi fue destituido de su cargo tras ser acusado de haber realizado consultorías financieras a través de dos empresas de su propiedad. Kuczynski ha admitido haber estado involucrado en una sola transacción, en un proyecto de irrigación, cuando no ejercía ningún cargo público. Esta acusación fue aprovechada por Keiko Fujimori, también acusada por recibir sobornos de Odebrecht, para iniciar una moción de vacancia contra Kuczynski por incapacidad moral permanente.

Hay muchos más investigados...
Sí, se ha citado a los expresidentes Ollanta Humala y Alan García como parte de la investigación por delitos contra la administración en la adjudicación del proyecto Olmos, y a exfuncionarios de estos gobiernos. El desenlace para Humala, así como para Nadine Heredia, fue la orden de 18 meses de prisión preventiva. Esto se debe a que, supuestamente, la pareja recibió tres millones de dólares de la constructora Odebrecht durante la campaña electoral del 2011.

¿Qué se puede hacer para prevenir este tipo de hechos?
En el Perú se está trabajando para tener transparencia en las instituciones financieras, públicas y privadas, con el fin de disminuir el lavado de activos. Por eso, los contratos de concesión que celebre el Estado incorporarán de forma obligatoria cláusulas anticorrupción, para resguardar los intereses del país. Además, el Estado tendrá mayor claridad respecto de los términos y condiciones sobre lo que se va a adquirir, y sabrá exactamente qué y cómo exigir a sus proveedores acerca del cumplimiento de lo ofrecido.

Con respecto a la inseguridad, ¿contra qué amenazas actúa la Defensa Nacional?
Las Fuerzas Armadas enfrentan el problema del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), el cual se expresa en la presencia de tres elementos interrelacionados: pobreza, tráfico ilícito de drogas y terrorismo. Por otro lado, con el apoyo a la Policía Nacional del Perú, se trabaja en la erradicación de la minería ilegal e informal. Ahora bien, siempre existe el riesgo de exceder el mandato y generar una contingencia de derechos humanos o legal en general; de emplear los recursos fuera de los fines presupuestales aprobados o de exponer al estamento militar a circunstancias políticamente comprometedoras o a tareas para las que no es idóneo.

¿Cómo ve la situación latinoamericana en el tema del terrorismo?
Han surgido nuevas franquicias criminales y terroristas híbridas en América Latina, que representan una amenaza de seguridad de primer nivel. En muchos casos, estas organizaciones operan bajo amplia protección estatal y contaminan la gobernanza democrática, la soberanía, el crecimiento económico, el comercio y la estabilidad de los países. Pero, además, durante las dos últimas décadas se ha desarrollado una interacción entre grupos del crimen organizado transnacional (COT), a través de varios continentes. Se ha evidenciado el flujo de cocaína sudamericana, a través de Venezuela, hacia África Occidental, lo que beneficia no solo a las estructuras tradicionales del COT de la región, sino también a entidades terroristas. La amenaza crece cuando los grupos criminales-terroristas anidan dentro de los gobiernos que se alinean ideológicamente. Cada grupo tiene características operativas distintas, que deben ser comprendidas para poder apreciar el desafío que presentan.

¿Qué factores favorecen el dominio del COT?
La ausencia del Estado puede ser aprovechada por grupos del COT para ganar dominio local. La mejor forma de hacer una reconciliación nacional es el acercamiento entre el Estado y la sociedad, que la presencia estatal se haga sentir en los pueblos antes olvidados, que los excluidos sean tomados en cuenta y se tenga como prioridad al campesinado y las poblaciones selváticas. Pero la situación se agrava cuando la corrupción llega al Estado. Los dirigentes militares y políticos de Venezuela, por ejemplo, han permitido que las FARC transporten cocaína hacia África Occidental para luego compartir las ganancias. El apoyo más activo que brindó Venezuela a las FARC, a través del expresidente Hugo Chávez, se dio cuando dicha organización se convirtió principalmente en narcotraficante y dejó en segundo lugar su función de insurgencia política.

¿Cómo afecta esto a los países vecinos?
Aunque Brasil y Perú no apoyan activamente a las FARC, tienen sus propios problemas con el narcotráfico y ejercen poco control sobre sus regiones fronterizas. Colombia se ha propuesto un costoso esfuerzo por restablecer el control estatal en muchas regiones dentro de su propio territorio nacional. Pero el costo sube cuando los grupos criminales-terroristas, como las FARC, se convierten en instrumentos de la estrategia política regional de un Estado. El año pasado se realizó un referéndum para que la ciudadanía expresara su aprobación o rechazo sobre los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC. El resultado de las votaciones fue el NO. Luego de este plebiscito, Santos tuvo que reunirse con la oposición, escuchar sus propuestas y acordar con la guerrilla varios cambios al texto que se había negociado en La Habana. Luego de más de cincuenta años de conflicto, entró en vigencia el cese de fuego definitivo entre el gobierno de Colombia y las FARC.

¿Cómo se ve internacionalmente el caso de los altos mandos de Sendero Luminoso que ya cumplieron su condena y están saliendo en libertad?
Sendero Luminoso está cambiando de piel, y si no se le hace frente de forma decidida, mediante técnicas modernas de inteligencia y con la tecnología necesaria, más temprano que tarde, repetiremos esa etapa en que los terroristas tiñeron de sangre el país y se carcomió la esperanza de millones de peruanos.

Ahora también se habla del ciberterrorismo…
Sí, han aparecido nuevos problemas, como el cibercrimen y el ciberterrorismo. El primero abarca desde el delito económico, como el fraude informático, la falsificación, el espionaje informático, entre otros, y crímenes contra la propiedad intelectual y el crimen organizado. El ciberterrorismo, por otro lado, excede el cibercrimen y consiste en intimidar, coaccionar o causar daños a grupos sociales con fines políticos y religiosos. Aquí entra a tallar la ciberseguridad como instrumento de concientización de los individuos, así como la intensificación de la colaboración internacional. En este contexto, la coordinación entre Estados es clave.