Universidad de Lima

Hace unos años, el gobierno propuso una ley que buscaba promover el trabajo entre los jóvenes. Inmediatamente, agrupaciones políticas, prensa y sindicatos de trabajadores la criticaron, se opusieron y la bautizaron con el apelativo de “Ley Pulpín”. Para la actual gestión, promover el empleo juvenil es una buena idea. Por ello, ha hecho las correcciones pertinentes y ha lanzado el proyecto de ley sobre el empleo juvenil, una iniciativa que presentó ante los estudiantes el propio ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alfonso Grados Carraro, el 7 de noviembre en el Aula Magna A de la Universidad de Lima, en una actividad organizada por el propio Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (Mintra) y la Facultad de Derecho Ulima.

En la conferencia —a la que asistieron también Germán Ramírez-Gastón Ballón, decano de la Facultad de Derecho, y Germán Lora Álvarez, profesor de la misma—, el funcionario detalló punto por punto las mejoras que ha tenido esta propuesta, que la harían distinta de las anteriores.

Si la economía laboral peruana no genera, por lo menos, 250.000 puestos de trabajo por año, no llegaremos al punto de equilibrio para satisfacer a los jóvenes que buscan ingresar a un mercado de trabajo. Y la economía peruana no ha venido haciendo esto. En los últimos cinco años nuestra economía ha logrado crear, en promedio, 170.000 puestos de trabajo anualmente.

El ministro señaló que este proyecto de ley busca fomentar la contratación de los jóvenes de entre 18 y 29 años en trabajos formales mediante el otorgamiento de incentivos a las empresas. Según esto, el gobierno cubrirá el aporte obligatorio a EsSalud (que el empleador debía pagar) a lo largo de tres años, reduciendo así el costo laboral. 

A diferencia de las propuestas previas, con este proyecto de ley el joven tiene asegurados todos sus beneficios, como vacaciones completas, CTS, gratificaciones, protección contra un despido arbitrario, acceso a la seguridad social, etcétera. En palabras del ministro Alfonso Grados:

“El proyecto de ley anterior reconocía que hay dificultades para que las empresas contraten a los jóvenes. Entonces, se dispuso abaratar esa contratación. La gran diferencia es que ese abaratamiento lo pagaba el joven trabajador con menos CTS, menos gratificaciones y menos vacaciones. En este proyecto, no lo paga el joven: él recibe todos sus beneficios, pues lo paga el Estado”.