Universidad de Lima

A partir del 1 de enero de 2021, mediante la Ley 31110, se ha establecido un nuevo régimen para el sector agrícola, tanto de índole tributario como laboral (hasta el 2020 regía la normativa de la Ley 27360). En materia tributaria, se tienen beneficios como tasas reducidas del impuesto a la renta corporativo y de los pagos a cuenta del impuesto.

Ahora bien, a nivel de la Ley 31110 se ha establecido su alcance para:

Actualmente, se viene observando en la práctica que las fiscalizaciones de la Sunat se han intensificado en el sector agrario, lo que se explica ya que las empresas agrarias se han visto en menor medida afectadas económicamente por la pandemia, y el fisco tiene como objetivo incrementar su recaudación para hacer frente a los gastos públicos que la coyuntura amerita, siendo esta una de sus funciones establecidas según el Código Tributario (artículo 55).

Según Fabiana del Padre Tomé, “la carga consiste en la necesidad de desarrollar cierta actividad para obtener determinado resultado pretendido. Su existencia presupone un derecho subjetivo de actuar, que puede, o no, ser ejercido” (2012, p. 255). Es decir, estamos ante un derecho subjetivo disponible, que es algo distinto de una obligación.

“Scientia potentia est” es un aforismo latino que incluyó Thomas Hobbes en su famosa obra Leviatán. Algunos entienden este aforismo como la “información es poder”. En todo caso, podemos convenir en que el acceso a la información nos permite mejorar en el logro de nuestros objetivos; y si hablamos de la administración tributaria, no cabe duda de que el acceso a la información adquiere mayor relevancia.

Como es sabido, las constituciones en el Estado constitucional reconocen con carácter implícito o explícito diversos valores, principios y derechos fundamentales, los que deben ser optimizados por todos los poderes públicos. Ordenar que algo sea optimizado significa que debe ser realizado en la mayor medida posible; es decir, que estos valores, principios y derechos fundamentales son vinculantes para los poderes públicos, los cuales deben orientar sus políticas y generar las condiciones necesarias para su efectiva realización.

La orientación a través del correo electrónico sobre un servicio de soporte técnico que un usuario recibe por internet, ¿constituye la prestación de un servicio digital? Este es el dilema que tuvo que resolver el Tribunal Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas (TF) en su RTF 3271-3-2019 del 5 de abril de 2019, a raíz de que la Sunat cuestionó la retención de 15 % por concepto de asistencia técnica que un contribuyente había recibido de una empresa extranjera.