Universidad de Lima

Christian Carbajal, docente de la Maestría en Derecho Empresarial de la Universidad de Lima, dio la exposición “Industrias extractivas, conflictividad socioambiental y responsabilidad internacional del Estado”, en una nueva edición de los Desayunos Empresariales de la Escuela de Posgrado, este 10 de diciembre. 

“Falta un poco de orden en el sistema”, opinó Carbajal, esto porque “no se tiene muy claro el balance entre regulación estatal y la protección de las inversiones extranjeras”. De alguna forma, los tratados de libre comercio (TLC) y los acuerdos bilaterales de inversión (BIT) matizan esta situación, pues apuntan a buscar equilibrio y coherencia en el marco normativo de los países que los suscriben. En esa línea, Carbajal añadió que cada parte del Estado debe entender que cualquier omisión en el cumplimiento de los acuerdos, hasta en un nivel municipal, tiene repercusión internacional. 

Para él, existe una necesidad de capacitar al Estado, en todos sus niveles, en los siguientes aspectos: consecuencias internacionales originadas por la frustración arbitraria de un proyecto de inversión en recursos naturales, contenido y violación de los estándares internacionales de protección de inversión, y mecanismos de atribución de responsabilidad al interior del Estado por los daños ocasionados.

De acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas, de llevarse a cabo los 47 proyectos mineros más importantes se generarían 63.000 millones de dólares. Según la publicación Proyectos y prospectos mineros en el Perú: 2015-2017, de Top Publications (PTP), 24 de estos 47 podrían realizarse sin mayores inconvenientes durante los próximos 3 años, involucrando inversiones por 29.513 millones de dólares. Sin embargo, la misma publicación precisó que los otros 23 proyectos no verían la luz a corto plazo debido a conflictos sociales y los precios cada vez más bajos del mercado internacional. Para Carbajal, esto vuelve todavía más urgente que se tomen acciones inmediatas.

Además, dio más luces acerca del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), una iniciativa de arbitraje del Banco Mundial originada en 1965, pero ratificada por el Perú recién en 1993. El objetivo de la institución es “contribuir a la creación de un clima de inversiones favorable, mediante el establecimiento de un mecanismo de solución de controversias percibido como neutral” y, aunque se percibe que es una institución proempresa, Carbajal explicó que sus resoluciones siempre han sido equitativas.

También ahondó en las ventajas que tiene el Ciadi, tanto para el inversionista como para el Estado. “El primero tiene a su alcance un foro internacional neutral, mientras que al segundo le permite mejorar el clima de inversiones, haciendo más atractivo al país como destino de las mismas”, explicó. De hecho, Carbajal comentó que al Perú le ha ido bien en la mayoría de arbitrajes en los que ha estado involucrado a pesar de ser el cuarto más demandado en América Latina.

Sobre el marco peruano, citó a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés), que identificó ciertas deficiencias en nuestra capacidad para abordar los siguientes puntos: cómo regular las actividades económicas dentro de las fronteras, cómo fortalecer las capacidades de los funcionarios gubernamentales para la prevención y gestión de conflictos de inversión, cómo promover el conocimiento de los estándares internacionales de protección de la inversión por los funcionarios de todos los niveles del gobierno y cómo afrontar demandas con elevados montos indemnizatorios.

Finalmente, enumeró cinco aspectos que considera debe mejorar el Estado: fortalecer al sistema de prevención y gestión de conflictos socioambientales, procurar una mayor coordinación entre las entidades estatales involucradas, fortalecer mecanismos más eficientes de atribución de responsabilidad al interior del Estado, capacitar a los funcionarios en mecanismos de negociación y en temas relativos a la responsabilidad internacional del Estado, y consolidar un sistema arbitral de inversiones más inclusivo, que atienda a los intereses de todos los actores involucrados.

Christian Carbajal es magíster en Derecho Internacional Económico (LLM) por la Universidad de Warwick, Inglaterra. Cuenta con una especialización en actuación en dispute boards en proyectos de infraestructura por la DRBF. Es también abogado con experiencia en derecho comercial, derecho minero, arbitraje, derecho comercial internacional y protección a las inversiones. Además es árbitro nacional y asesor legal en arbitrajes comerciales, civiles, mineros y de contratación pública en proyectos de infraestructura, así como en arbitrajes internacionales GAFTA del Reino Unido, en arbitrajes internacionales de la CCI y arbitrajes de inversión Ciadi.