Universidad de Lima

Según la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros, en el Perú 16 de los 43 casos de conflicto activos corresponden al sector minero, mientras que hay alrededor de 1.500 casos que están afectando a diferentes países del mundo, tal como lo registra el Atlas Global de Justicia Ambiental que se elaboró en el marco del proyecto europeo Environmental Justice Organizations, Liabilities and Trade (EJOLT). En torno al aporte de un enfoque económico particular para estos conflictos socioambientales giró la conferencia “Economía verde”, que se llevó a cabo el 24 de junio en el Aula Magna A de la Universidad de Lima. Organizada por la Carrera de Economía y el Círculo de Estudios de Desarrollo Económico y Social (CEDES), esta charla contó con la presencia de Christiam Méndez, director general en Dinameq, y de Emilio Santos, historiador de la Universidad Pablo de Olavide.

En la conferencia se explicó que hay dos puntos de vista que sirven para explicar los conflictos socioambientales: en primer lugar, que estos conflictos son generados por un problema comunicacional; y, en segundo lugar, que las empresas mineras han ido construyendo una mala reputación con sus acciones durante años anteriores, lo que ha despertado el resentimiento de los pobladores y sus líderes. Esto último ha llevado a la falta de credibilidad en las empresas y en la capacidad del Estado para regular estas acciones. Sin embargo, estos hallazgos no han colaborado demasiado a la solución de los conflictos.

Economía ambiental

Christiam Méndez, quien también es docente de la Universidad de Lima, participó el año pasado en la investigación denominada “Factores divergentes entre la economía ecológica y la ambiental: el caso Conga”, que se llevó a cabo en el Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Lima (IDIC). En ella recolectaron las impresiones de diversos líderes sociales y los resultados de dicha investigación demostraron que existen cuatro componentes divergentes entre los actores: derechos de propiedad, medición de impactos ambientales, compensación por los daños y valoración.

Los expositores también mencionaron la economía ambiental, que definieron como una corriente que se basa en la economía clásica y que se alinea a la promoción de las actividades extractivas, aunque considerando las externalidades negativas (el daño que la actividad económica genera a terceros); algo que podría ayudar al Estado a resolver los conflictos socioambientales. Ambos estuvieron de acuerdo en que introducir el enfoque de la economía ambiental en la política pública serviría para que el debate no se preocupe tanto en si el proyecto minero va o no va, sino más bien en si los montos estimados de compensación por los daños son los justos o si la estimación de las probabilidades de contaminación es asertiva o no. Esto propiciaría un debate con fundamento técnico y objetivo.