13 de Abril de 2020
Contrataciones y compras del Estado en época de crisis
El miércoles 8 de abril, se realizó la sesión del webinar “El requerimiento y el proceso de compra por situación de emergencia”, organizado por Educación Ejecutiva de la Universidad Lima. La expositora fue Karina Alvarado León, docente de nuestro programa especializado en Contrataciones del Estado.
A propósito de las compras de bienes y servicios destinados al sector salud que está realizando el Estado, a través del Ministerio de Salud, a consecuencia del brote de COVID-19, Alvarado comentó que no es lo mismo hacer un requerimiento y compra a través de un proceso de selección que hacerlo a través de una contratación directa por situación de emergencia, regulada en la Ley 30225 y su reglamento. La conferencista señaló lo siguiente:
“A diferencia de una compra en un estadio ordinario, con todos los plazos, requisitos, etapas, comprar en una situación de emergencia implica comprar de manera inmediata bajo un procedimiento básico y célere cuyo detalle no está regulado si no es hasta su regularización. Caso aparte son las compras hasta las ocho UIT que están fuera del ámbito de aplicación de la normativa y que de efectuarse se regirán por las disposiciones de la entidad alineadas a los principios que rigen las contrataciones públicas”.
La abogada, exdirectora de la oficina de fiscalización de la Dirección General de Administración, agregó que todas estas entidades utilizan recursos públicos, por lo que todas sus actuaciones, por más que deriven de una situación de emergencia, están sujetas a control. La jurista indicó:
“Es muy importante que todas estas entidades que están realizando las contrataciones directas o compras hasta ocho UIT encaucen procedimentalmente sus compras con las debidas justificaciones, con los sustentos adecuados, a fin de que estén cubiertos ante auditorías futuras”.
Finalmente, Alvarado sostuvo que, entre otras medidas, la guía para la compra de canastas básicas que ha publicado el OSCE ayudará a los gobiernos locales a encauzar procedimentalmente sus contrataciones directas y compras hasta las ocho UIT para dicho fin y enfrentar las auditorías que realizará Contraloría.
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