Universidad de Lima

En la última década, la crisis económica y la situación política en Venezuela han llevado a dicho país a una espiral de violencia, escasez de alimentos y servicios básicos, e hiperinflación, lo que a su vez ha producido un aumento en la migración de sus ciudadanos. Esta ha sido calificada como el éxodo más grande en la historia reciente de la región (ACNUR, 2019; Blouin, 2019a; Eguren y Estrada, 2019; OIM, 2020) y como una crisis económica y humanitaria de magnitud sin precedentes para un país que no está en guerra (International Monetary Fund, 2020). La realidad de Venezuela ha hecho que sus ciudadanos dejasen de ser receptores de inmigrantes y pasasen a abandonar en masa su país, en búsqueda de mejores condiciones de vida (Freitez, 2011; Heredia y Battistessa, 2018).

Se estima que, entre 2008 y 2019, más de 3,7 millones de venezolanos han emigrado a diferentes destinos; las naciones de América del Sur han sido los principales puntos de llegada por las afinidades culturales y el idioma (ACNUR, 2019). En consecuencia, los países receptores han estado cada vez más sobrecargados y algunos han llegado a un punto de saturación, lo que ha causado un serio impacto social, cultural, demográfico, político y económico (ACNUR, 2019; Koechlin et al., 2018). El Perú ha sido el segundo país más importante de acogida de los migrantes y refugiados venezolanos (Koechlin et al., 2018): en junio de 2020, se registraba que habían ingresado 1.299.952 de estos ciudadanos al país (Superintendencia Nacional de Migraciones, 2020).

En los países receptores, la vulnerabilidad y la precariedad que enfrentan los venezolanos están relacionadas con malas condiciones de vida, explotación y abuso laboral (Loayza, 2020), acceso limitado a los servicios de salud y reducción de las oportunidades educativas. Las consecuencias son múltiples y afectan tanto la vida personal y profesional de los migrantes, refugiados y personas desplazadas como el contexto de la gestión de los lugares en los que se asientan. Esto podría ocasionar tensión y conflicto para aceptar la diversidad y, especialmente, para mostrar empatía, apertura, colaboración y tolerancia (Blouin, 2019b; Loayza, 2020; Mateo-Berganza, 2019). Por esta razón, la integración requiere una gestión social y política para que las migraciones masivas no generen problemas en el lugar de destino.

Al inicio de la crisis migratoria de venezolanos, la mayoría de los países en la región adoptó marcos legislativos conformes o superiores a los estándares internacionales, e incorporó la definición ampliada de refugiado de la Declaración de Cartagena de 1984 (Acosta et al., 2019; Blouin, 2019a). Sin embargo, frente a la llegada masiva de venezolanos, los Estados han optado principalmente por permisos de residencia especiales, de carácter temporal y basados, en la mayoría de los casos, en la discrecionalidad de las autoridades locales (Acosta et al., 2019; Selee y Bolter, 2020). La situación irregular de los migrantes y refugiados no les ha permitido el acceso a servicios ni ejercer sus derechos, por lo que muchos se han vuelto vulnerables a todas las formas de explotación y abuso, violencia y discriminación (ACNUR, 2018; Koechlin et al., 2018; Loayza, 2020; OXFAM, 2019). En el Perú, se estima que uno de cada tres venezolanos ha sufrido experiencias de discriminación y violencia (Mendoza y Miranda, 2019).

Según el estudio realizado por la Superintendencia Nacional de Migraciones (2020), al 30 de junio de 2020, permanecían en el Perú 793.169 venezolanos, 61 % de ellos con edad entre 20 y 39 años, jornada laboral de 60 horas semanales e ingreso promedio mensual de S/ 1.116 (el del trabajador peruano es de S/ 1.560, proporcional al rango entre 300 y 400 dólares). Asimismo, la población migrante venezolana presentó un nivel educativo comparativamente superior a los promedios de la población local, característica que da una oportunidad para el país receptor (Banco Mundial, 2019). El 57 % tiene estudios superiores, por lo que el aprovechamiento del potencial (capital humano) de los migrantes comienza con su integración. Se ha estimado que, de implementarse las políticas adecuadas, podría lograrse un incremento de la productividad laboral en un 3,2 % (Banco Mundial, 2019).

En el Perú, desde que el Gobierno decretó la cuarentena nacional en marzo de 2020, se han implementado medidas para paliar las consecuencias económicas que afrontan los peruanos más vulnerables —con la asignación de ayudas monetarias para familias en situación de pobreza y pobreza extrema— y los trabajadores independientes. Se estimaba que, al inicio de la pandemia, cerca del 80 % de las familias, independientemente de la nacionalidad, se encontraba en condición de vulnerabilidad (CEPAL, 2020). Sin embargo, las ayudas excluyeron a los refugiados y migrantes, quienes, en su mayoría, se mantenían de la economía informal y dependían de un ingreso diario (R4V, 2020). Adicionalmente, al igual que muchos peruanos, también los migrantes ya establecidos perdieron sus empleos y pasaron a la lista de personas vulnerables, lo que derivó en inseguridad alimentaria y económica.

La pandemia de COVID-19 expuso aún más las vulnerabilidades de los refugiados y migrantes venezolanos en Perú, la cual podría verse reducida mediante la integración económica, legal, cultural y social. La mayoría de estas personas representan un capital humano elevado dado su nivel educativo, que puede ser aprovechado para aumentar la productividad y el desarrollo económico del país. La facilitación de su integración, mediante condiciones de trabajo decente, permitirá que tengan un espacio en la sociedad, sujetos a deberes y derechos; es decir, que puedan ejercer la ciudadanía. En este sentido, existe una urgente necesidad de cambios estructurales (Freier y Brauckmeyer, 2020) y de generación de acciones coordinadas en la elaboración de estrategias y políticas más efectivas orientadas a la prevención, mitigación y superación de la vulnerabilidad de los refugiados y migrantes venezolanos en Perú, para el beneficio de la sociedad en general, con una visión a corto, mediano y largo plazo.

Nota

Este post presenta algunas de las ideas expuestas en el artículo “Migrantes venezolanos en Perú: capital humano y trabajo decente, vulnerabilidades expuestas por el COVID-19”, de Mirza Marvel Cequea, Valentina Gomes Haensel Schmitt, Agnieszka Ewa Olter y Óscar Eduardo Melo-Vega Ángeles.

Referencias

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